El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó en la Cámara de Diputados que el apoyo del gobierno federal a estados y municipios en materia de seguridad ‘‘llegó al límite’’ y se retirará a las fuerzas armadas, ‘‘pero no podemos hacerlo irresponsablemente’’.
El funcionario pidió ‘‘respetuosamente’’ a los diputados aprobar la ley de seguridad interior para que el envío del Ejército, la Marina y la Policía Federal a estados y municipios no dependa, como ahora, de su decisión como titular de Gobernación, y planteó que esa legislación sea el primer paso hacia ‘‘la salida de las fuerzas federales’’ de las calles.
En una reunión con los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados y los presidentes de las comisiones de Seguridad Pública, Gobernación y bicamaral de Seguridad Nacional, rechazó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se encuentre en ‘‘una guerra contra el narco’’, y dijo que una ley de seguridad interior ‘‘debe ser la salida de las fuerzas federales’’.
La intolerancia religiosa que se experimenta en México es grave, pues genera desplazados en diversos estados, reconoció Arturo Manuel Díaz León, director general de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación.
En el coloquio Libertad religiosa y Estado laico en México: alcances y retos (1992-2017), organizado por el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana y la Konrad-Adenauer-Stiftung, el funcionario precisó que al mismo tiempo que ocurre dicha intolerancia, la libertad religiosa está garantizada por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Explicó que está norma establece el derecho a la libertad de creencias y a que nadie puede ser discriminado por el ejercicio de su expresión religiosa.
Legisladoras de la comisión senatorial contra la Trata de Personas cuestionaron ante el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Campa, el informe 2015 que elaboró la dependencia sobre ese delito. ‘‘Es simulación e inflan datos sobre lo que no están haciendo’’, resaltó la presidenta de la comisión, la panista Adriana Dávila.
La legisladora detalló ante Campa: ‘‘No coinciden los datos de víctimas, ni los de averiguaciones previas, mucho menos la información de los operativos, ni tampoco el número de sentencias, entre otros rubros’’.
Ejemplificó: ‘‘Nos hace ruido el número de víctimas. En la página 86 del informe anual 2015 de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, ustedes reportan 6 mil 519 víctimas, pero en la siguiente página ustedes hablan de sólo 907 en 2015, y más adelante, refieren sólo 19 víctimas’’.
En el contexto de la discusión de la llamada ley Atenco, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute un tema inédito: si las mayorías parlamentarias pueden acudir al máximo tribunal para que analice la constitucionalidad de una norma aprobada y promulgada, o si sólo pueden hacerlo las minorías, como ha ocurrido hasta la fecha.
Este jueves se espera un intenso debate sobre el tema, aunque fuentes judiciales confiaron que se ‘‘prevé una apretada mayoría por evitar que los congresos utilicen esta nueva forma de litigio estratégico que no está previsto en la Constitución’’.
Trascendió que en apoyo al proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, al menos cinco magistrados consideran que los legisladores del estado de México, quienes impugnaron todos los artículos de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza, no están facultados para presentar la acción de inconstitucionalidad, porque constituyen 68 por ciento del Congreso local y la Constitución señala que este derecho a impugnar la validez de una norma es exclusivamente para las minorías que alcancen 33 por ciento del total de los legisladores.
Mtro. José María Gerardo Carmona Rocha Aspirante a Rector
NUMERO 18 JUN-JUL 2023
Jose María Carmona
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José María Carmona
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