El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, informó que el número de quejas por tortura se cuadruplicó en el último año, al pasar de 50 a 216 casos que actualmente son atendidos por el organismo nacional. Tan sólo en el primer mes del presente año se han recibido otras 18 denuncias.
Entrevistado al término de la mesa de análisis sobre Seguridad y Derechos Humanos en México, el ombudsman nacional se refirió al reciente informe de seguimiento que sobre México presentó el pasado viernes el relator especial contra la Tortura, Juan Méndez.
González Pérez lamentó que este tipo de violaciones a los derechos humanos persista en el país e informó que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la CNDH será fortalecido, pues ‘‘se debe apostar a la prevención’’ de estas prácticas.
El PAN en la Cámara de Diputados presentó dos iniciativas de reforma a la Constitución y a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, con objeto de aplicar prisión preventiva oficiosa a quien se le impute robo y comercialización de combustibles, así como endurecer las penas y multas por ese delito.
El robo de hidrocarburos ha causado pérdidas a Petróleos Mexicanos (Pemex) por más de 46 mil millones de pesos entre 2009 y 2014, explicó el diputado Eukid Castañón Herrera (PAN), al presentar las propuestas en tribuna.
Refirió que en 2014, el crimen organizado sustrajo el equivalente a 7.5 millones de barriles de hidrocarburos, y expuso que las reparaciones de infraestructura y tecnología afectada en 2013 costaron 6 mil 543 millones, cuando en 2008 la cifra fue de 529 millones 801 mil pesos.
Durante 2016, tres cuartas partes de las entidades cerraron el año con elevados niveles en homicidios dolosos respecto del registro de 11 meses atrás. Para el inicio de 2017, casi todos los estados afectados con severas crisis de violencia e inseguridad bajaron la incidencia delictiva en los principales ilícitos de alto impacto: asesinatos intencionales y secuestros.
Sin embargo, Colima y Baja California Sur persisten en incrementos sin precedente; en consecuencia, tienen el primero y segundo sitios de mayor tasa de homicidio doloso. En el segundo año del sexenio (2014), Baja California Sur tuvo 84 fallecidos en este tipo de hechos violentos; en 2015 subió a 175, pero el año pasado cerró con 225 víctimas de homicidios dolosos, la mayoría cometidos con arma de fuego.
Colima, como se ha difundido, atraviesa por una crisis no vista desde 1997, año de inicio de la compilación estadística en la materia. Debido a una disputa entre dos bandas criminales (Jalisco Nueva Generación y cártel de Sinaloa) por el control del puerto de Manzanillo y el tráfico de drogas en la zona, pasó de 110 muertes de este tipo en 2014 a 189 en 2015.
La pretensión de legalizar la presencia de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, por medio de la ley de seguridad interior, fue abiertamente rechazada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y diversas organizaciones de la sociedad civil.
Advirtieron que el fondo del asunto no es la discusión por un marco normativo que dé ‘‘certezas jurídicas’’ a la acción del Ejército en las calles, sino encontrar la forma de fortalecer a las instituciones civiles de seguridad pública, que son las únicas que constitucionalmente están facultadas para ello.
Mtro. José María Gerardo Carmona Rocha Aspirante a Rector
NUMERO 18 JUN-JUL 2023
Jose María Carmona
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José María Carmona
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