Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Legisladoras de la comisión senatorial contra la Trata de Personas cuestionaron ante el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Campa, el informe 2015 que elaboró la dependencia sobre ese delito. ‘‘Es simulación e inflan datos sobre lo que no están haciendo’’, resaltó la presidenta de la comisión, la panista Adriana Dávila.

La legisladora detalló ante Campa: ‘‘No coinciden los datos de víctimas, ni los de averiguaciones previas, mucho menos la información de los operativos, ni tampoco el número de sentencias, entre otros rubros’’.

Ejemplificó: ‘‘Nos hace ruido el número de víctimas. En la página 86 del informe anual 2015 de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, ustedes reportan 6 mil 519 víctimas, pero en la siguiente página ustedes hablan de sólo 907 en 2015, y más adelante, refieren sólo 19 víctimas’’.

La senadora Dávila denunció que en el estado de México se combate este delito con una ley mercantil denominada Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial. ‘‘El secretario de Salud de ese estado dijo en una entrevista que se han realizado mil 500 operativos para cerrar bares y tables dance. Ese ordenamiento –del cual exhibió copia– dice que se entenderá por baile con contenido sexual el que realizan personas desnudas o semidesnudas con mensajes explícitos de carácter erótico y sexual para el público asistente… Esta es una persecución administrativa, no penal, y además es de carácter moral’’.

El subsecretario Campa sostuvo por su parte: ‘‘Toda ley es perfectible; estamos convencidos de que particularmente ésta merece una revisión. Nos preocupa, al igual que al Senado, los resultados de la aplicación de esta norma. Estamos muy lejos de la situación que quisiéramos’’.

El funcionario respondió a los cuestionamientos de Dávila sobre los estados que tienen cero sentencias. ‘‘Nos parece que hay estados donde tenemos un problema, que es ostensible, de trata de personas, y sin embargo, cuando aparecen en la estadística tienen cero sentencias. Y en reuniones de trabajo les hemos preguntado a los responsables de los tribunales superiores de justicia cuál es la razón por la que no hay sentencias’’.

Este análisis, subrayó Campa, ‘‘nos indica que hay razones para revisar y tener una ley mejor. Nadie quiere impunidad, pero ciertamente el marco legal que tenemos tiene esas fallas que están identificadas y que creemos que con buena voluntad las partes se puede llegar a un acuerdo’’.