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SEGUNDA JORNADA POR LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA


 

 

Roberto Garduño y Enrique Méndez

El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó en la Cámara de Diputados que el apoyo del gobierno federal a estados y municipios en materia de seguridad ‘‘llegó al límite’’ y se retirará a las fuerzas armadas, ‘‘pero no podemos hacerlo irresponsablemente’’.

El funcionario pidió ‘‘respetuosamente’’ a los diputados aprobar la ley de seguridad interior para que el envío del Ejército, la Marina y la Policía Federal a estados y municipios no dependa, como ahora, de su decisión como titular de Gobernación, y planteó que esa legislación sea el primer paso hacia ‘‘la salida de las fuerzas federales’’ de las calles.

En una reunión con los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados y los presidentes de las comisiones de Seguridad Pública, Gobernación y bicamaral de Seguridad Nacional, rechazó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se encuentre en ‘‘una guerra contra el narco’’, y dijo que una ley de seguridad interior ‘‘debe ser la salida de las fuerzas federales’’.

‘‘Se les ha querido satanizar’’

‘‘No estamos pensando en legitimar su actuación o hacer de su actuación en seguridad costumbre. Les cuesta mucho trabajo actuar pensando en no cometer un exceso, porque no hay una norma y se les ha querido satanizar’’, dijo en un audio completo de la reunión de casi cuatro horas en San Lázaro, obtenido por La Jornada.

Añadió: ‘‘El llamado del gobierno de la República no es a perpetuar una circunstancia, por definición excepcional, sino a regularla con alcances, límites y plazos’’.

Más tarde, en conferencia de prensa, aclaró que la ley no busca dar facultades de policía o investigar delitos a las fuerzas armadas, militarizar al país o reprimir movilizaciones sociales, sino definir que soldados, marinos y policías federales puedan actuar ‘‘de manera excepcional y temporal ante cualquier amenaza de seguridad interior’’.

Afirmó que al inicio del sexenio ‘‘encontramos un enfrentamiento, llamado guerra contra la delincuencia, en el que prácticamente ante un problema que se presentó se tomó una decisión sin diagnóstico, sin coordinación federal, que nos llevó a circunstancias muy complejas en las que se afectaba a los derechos humanos de los ciudadanos’’.

El secretario anunció que el respaldo a gobernadores y alcaldes dependerá de que cumplan su responsabilidad de garantizar la seguridad pública en sus estados y municipios, y precisó: ‘‘Algunos (de ustedes) vienen de estados donde los gobernadores están ávidos de que no haya ley, para que siga el apoyo, y algunos temerosos porque las fuerzas armadas han dicho que no pueden seguir así. No les demos elementos a unos ni a otros. Que sea una norma, no una decisión unilateral, personal o de comodidad’’.

El funcionario insistió en que en los próximos días se presentará a cada estado y municipio el diagnóstico de seguridad, porque ahora ‘‘les toca a ellos comprometerse’’, y anunció que si después de un plazo que se les dará no cumplen con su obligación de garantizar la seguridad pública, ‘‘impondremos sanciones desde nuestras atribuciones’’.

Esto es, dijo, si no se cumple con la formación de policías, se les quitará el respaldo y el apoyo, y además se les exhibirá. ‘‘Es algo que no habíamos hecho, pero la sociedad debe conocer lo que sucede en su estado para forzar a las autoridades locales a hacer lo que les toca’’, expuso.

Durante la reunión, convocada para que Osorio Chong presentara la postura del gobierno federal sobre las iniciativas que se han presentado en las dos cámaras en materia de seguridad interior, refirió que se ha hablado de ese concepto desde la Constitución de 1857. ‘‘No es un término nuevo, pero el problema es que no se ha definido exactamente qué es’’, expuso.

Para el funcionario, se trata de regular lo que en los hechos ha ocurrido desde hace años, pero para ello también es relevante distinguir entre seguridad interior y seguridad pública. Explicó a los diputados que la primera tiene como principal función proteger la integridad física de las personas y sus bienes, y la segunda defender la continuidad de las instituciones.

En distintos momentos, Osorio expuso a los diputados de todas las fuerzas políticas que la ley de ninguna manera buscará que las acciones de las fuerzas armadas sean permanentes, sino definir que todas sus acciones se realicen con estricto apego al orden constitucional y con absoluto respeto a los derechos humanos.

Resaltó que sólo si estados y municipios cumplen con garantizar la seguridad, el Ejército y la Marina podrán regresar a las actividades que les corresponden.

‘‘Esta ley puede definir la temporalidad que hoy sólo está en nuestras manos establecer. Y esto genera complacencia, tranquilidad, a veces, a los gobiernos locales. Hoy y desde hace algunos años, el Ejército, la Policía Federal y la Marina están en algunos estados incluso de policía municipal, y los gobernadores creen que con sólo respaldarlos económicamente es suficiente.’’

El titular de Gobernación planteó a los diputados que si se parte de reconocer que las instituciones estatales han sido rebasadas por el crimen organizado, debe haber un proceso que regule la intervención de las fuerzas armadas.

Refirió. ‘‘Hoy sólo se basa en un oficio de colaboración que nos piden los gobernadores y alcaldes. Definir la procedencia está prácticamente en mis manos y esto no puede ser una decisión unipersonal. Y no creo que no se pueda tener las características para tomar esta decisión’’.

En el campo de acción, dijo Osorio Chong, militares, marinos y federales ‘‘están haciendo lo que no hacen otros’’.

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