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Norma Andrade, madre de joven asesinada en 2001, ha sido víctima de dos atentados

El Estado mexicano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad internacional por la ineficacia de sus instituciones para prevenir, investigar diligentemente y sancionar a los responsables del secuestro, tortura sexual y feminicidio de la adolescente Lilia Alejandra García Andrade, en febrero de 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El caso se debatió ayer durante las audiencias del 168 periodo de sesiones de ese organismo regional, que se celebra esta semana en Santo Domingo, República Dominicana. Ahí se abordaron también los casos de criminalización de víctimas de tortura y de los defensores de derechos humanos que abordan esos temas. Respecto de esto, los afectados y organizaciones civiles pidieron medidas para que en el país se acabe con la impunidad en miles de casos.

En la audiencia sobre el caso de Lilia Alejandra, Norma Andrade, madre de la víctima, y sus representantes legales señalaron que se han dado una serie de omisiones y obstáculos tanto a escala estatal como federal para mantener el caso impune, y a más de 17 años de distancia no hay un solo detenido.

Denunciaron que en 2010 se determinó el perfil genético de un hombre que habría participado en el crimen y que también coincidió con el encontrado en al menos otros cuatro casos de feminicidios de adolescentes en Ciudad Juárez (tres anteriores y uno posterior). El ADN corresponde con el de un familiar, hombre, del policía ministerial de la entidad Enrique Castañeda.

El Estado mexicano ha tolerado la operación de un individuo o grupo de feminicidas que secuestra, tortura sexualmente y mata niñas desde 1994, subrayó Karla Michelle Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que acompaña el caso.

Lilia Alejandra, entonces de 17 años, fue secuestrada el 14 de febrero de 2001 tras salir de la maquiladora en la que trabajaba. Por varios días sufrió tormentos sexuales y su cuerpo sin vida fue localizado el 21 de ese mismo mes. Dejó dos pequeños de un año ocho meses y cinco meses.

Desde entonces su madre, Norma Andrade, ha buscado justicia. Ha sido víctima de dos atentados contra su vida, sin que hasta ahora, denunció, se hayan abierto investigaciones al respecto, lo que causó el asombro de los comisionados de la CIDH.

Los peticionarios exigieron que en las indagatorias se tome en cuenta el contexto de violencia contra las mujeres que desde la década de los 90 se dio en Ciudad Juárez, la relación de los otro cuatro casos donde se halló el ADN de uno de los posibles responsables, así como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por el caso conocido como Campo Algodonero, también sobre feminicidios en esa urbe fronteriza.

Norma Andrade detalló que recientemente recibió una propuesta de solución amistosa por parte del Estado mexicano, pero señaló que no acepta los actuales términos, porque no confía en el gobierno. Por ello pidió a la CIDH su intervención para alcanzar la verdad y la justicia.

Por el Estado mexicano, los subsecretarios para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante, reconocieron la responsabilidad internacional de México.

El Estado reconoce su responsabilidad por la dilación e insensibilidad que ha habido en las investigaciones, dijo Avante.

Se comprometieron a que las indagatorias desde ahora serán elocuentes y se garantizará el acceso a la verdad y la justicia. Los comisionados de la CIDH presentes lamentaron la incapacidad oficial para llegar a fondo y se comprometieron a acompañar a los deudos en su búsqueda de justicia.

Durante el tema de criminalización de los defensores de víctimas de tortura, los representantes de organizaciones no gubernamentales demandaron al Estado crear un mecanismo internacional para combatir la impunidad en miles de estos casos, lo que permitiría a las autoridades investigar y presentar acusaciones contra quienes hayan cometido o tolerado este delito, incluidos funcionarios públicos.

Los funcionarios, por su parte, recordaron las normas y protocolos que se han aprobado para combatir la tortura, así como todos los posicionamientos oficiales para reconocer la labor de los defensores de derechos humanos, y dijeron que las autoridades no avalan los estigmas contra los activistas.

En las audiencias de ayer también se abordó el tema de los derechos económicos, sociales y culturales de los adultos mayores. Este martes tocará el turno al caso Ayotzinapa.

Jose María Carmona

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