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Dennis A. García

En un hecho inusual, el gobierno mexicano reprochó a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en Ginebra, Suiza, que su representación en México no respetó un acuerdo de no emitir declaraciones concluyentes sobre el caso Iguala.

En el documento que hicieron llegar al alto comisionado, Zeid Ra'ad Al Hussein, informa que las declaraciones que se hayan obtenido bajo tortura, por la desaparición de los 43 normalistas, no deberán ser consideradas.

Un comunicado conjunto, emitido por las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores (SRE), así como la Procuraduría General de la República, indica que haber dado a conocer, el 15 de marzo, el documento Doble injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, por Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, resultaron prematuras y podrían afectar el resultado de las pesquisas.

Asegura que desatendió el llamado a la colaboración y cooperación que el gobierno de México manifestó en distintas ocasiones, que permitiera dar el cauce institucional adecuado a las preocupaciones de la oficina en torno al asunto.

En el documento de 23 páginas que hicieron llegar por medio de la misión permanente de México ante los organismos internacionales, con sede en Ginebra, enfatiza que el informe de Jan Jarab “carece de rigor metodológico y sustento jurídico para arribar a la conclusión de que se está cometiendo una ‘doble injusticia’, como su mismo título lo describe”.

En el informe que dio a conocer el representante en México de la ONU-DH indica que de los 129 detenidos, al menos 34 presentan fuertes elementos de que sí habrían sido sometidos a tortura.

Al respecto, el gobierno mexicano informó que de acuerdo con la prueba de Estambul aplicada a 34 detenidos por el caso Iguala, dos arrojaron evidencia de tortura física, 26 dieron negativo, cuatro no aceptaron la aplicación del protocolo, uno ya fue procesado por otro delito y uno más está pendiente de emisión del dictamen.

En ese sentido, mencionó que, como lo recomienda el informe (de la ONU-DH en México), todas las pruebas que pudieran haber sido obtenidas a través de la comisión de actos de tortura, debidamente comprobados, no deberán ser consideradas para el seguimiento del caso y la integración de las respectivas causas penales.

Informó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, a través de la ahora Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, inició, desde el 20 de abril de 2016, 27 averiguaciones previas, las cuales se encuentran relacionadas 128 presuntas víctimas de tortura, malos tratos y detenciones arbitrarias, entre otros.

Por lo anterior enfatizó que dadas las conclusiones a las que llega la representación del organismo internacional en México, se percibe que está asumiendo funciones que sólo corresponden a un juzgador, lo cual desvirtúa la función que se acordó realizaría en el país, lo que podrían tener un efecto adverso en los procedimientos en curso.

En relación con las posibles siete irregularidades en la diligencia del río San Juan del 28 de octubre de 2014, en el municipio de Cocula, destaca el gobierno mexicano que se considera que las irregularidades advertidas no fueron lo suficientemente graves para que pudieran afectar todo el proceso de la investigación.

Al presentar el informe, Jan Jarab señaló que el Poder Judicial de la Federación debe excluir del expediente las pruebas obtenidas bajo tortura y que si no hay en contra de algún procesado otros elementos probatorios, más que las confesiones viciadas, sí deberían salir libres.

Jose María Carmona

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