Gustavo Castillo García

Retiran del debate los casos de María Cristina García Cepeda y Víctor Hugo Lobo

Ambos cumplieron lo exigido, reportan la Secretaría de Cultura y la delegación Gustavo A. Madero

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, señaló ayer que todas las partes, particularmente las autoridades, deben cumplir las sentencias de amparo, porque, advirtió, el estado de derecho no es más que una ficción si no se acatan las determinaciones judiciales y éstas no valdrán ni el papel en que están impresas.

El señalamiento del ministro Aguilar Morales se dio antes de que comenzara la sesión del pleno del máximo tribunal, en la que se determinaría la destitución de María Cristina García Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura federal, y del delegado en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, por desacato a dos sentencias de amparo.

Sin embargo, ambos casos fueron retirados porque la Corte fue notificada que las dos autoridades presuntamente dieron cumplimiento a lo exigido mediante resoluciones administrativas y laborales.

Antes de que se conociera que tanto la Secretaría de Cultura como la delegación Gustavo A. Madero ya habían presentado información del cuplimiento de las sentencias de amparo, en su discurso el presidente de la SCJN señaló que cada sentencia tiene en sí misma la importancia de representar y significar el estado de derecho, cada sentencia es el sometimiento de las partes al orden y prevalencia la ley, por eso cada sentencia debe cumplirse.

Aguilar Morales afirmó que “no hay sentencias importantes y otras no tanto; el monto, los involucrados, si bien son determinantes por su carácter de partes en el juicio, son secundarios ante el cumplimiento del orden legal.

Luis María Aguilar Morales, presidente de la SCJNFoto Jesús Villaseca

“En una frase: si no se cumplen las sentencias el estado de derecho no es más que una ficción y éstas no valdrán ni el papel en que están impresas.

Todas las partes en un juicio, especialmente cuando éstas son autoridades, deben cumplir las sentencias que emiten los tribunales previamente establecidos, como señala nuestra ley suprema, y con más razón cuando estas sentencias se emiten para resguardar los derechos humanos que protege y reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El presidente de la Suprema Corte señaló que las sentencias se deben cumplir cabalmente y la Constitución castiga con severidad el desacato. Todos los juzgadores, especialmente quienes integramos la SCJN, y todos los tribunales del país, tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución que nos rige y ampara, sin excepciones y sin más miramientos que la justicia y el respeto a los derechos de todos.

En el caso de la Secretaría de Cultura, la dependencia no había basificado a los hermanos Alberto y Javier Ortiz Hernández ni a Pedro Ávila Jiménez con la categoría de tramoyistas, tampoco había reconocido la antigüedad de los quejosos ni los había inscrito en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Respecto del caso de Víctor Hugo Lobo, la dirección jurídica de la delegación a su cargo se había negado a anular una orden de visita de verificación de construcción y edificación, realizada el 26 de febrero de 2015, así como un acta de visita a una empresa.