Gustavo Castillo García

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya notificó a la delegación Venustiano Carranza que desde esta noche quedó destituido de su cargo el perredista Israel Moreno Rivera, e informó a la Asamblea Legislativa la situación en esa demarcación para que inicie el proceso de sustitución de titular.

Además, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que colabore con un juzgado federal para que presente (detenga) a Moreno Rivera y al ex delegado José Manuel Ballesteros López, quien en la actualidad funge como asambleísta, pero el fuero no lo protege para enfrentar el proceso penal por desacato a una sentencia de amparo.

El martes pasado, el máximo tribunal del país determinó la separación del cargo del delegado Israel Moreno Rivera y su consignación ante un juez federal en el ámbito de la materia penal, al igual que a su antecesor José Manuel Ballesteros López.

Lo anterior, de acuerdo con el artículo 107 de la Constitución, el cual señala que si una autoridad incumple la sentencia que concedió un amparo, la SCJN procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de distrito.

Tanto en el caso de Moreno Rivera como de Ballesteros López, la SCJN tiene la facultad constitucional de pedir de manera inmediata y sin intervención de la PGR que se inicie un proceso penal contra la autoridad que incumplió una sentencia de amparo.

Por lo que se refiere a José Manuel Ballesteros López, aunque goza de fuero constitucional por ser legislador, de acuerdo con el estatuto de Gobierno de la capital del país, esta protección constitucional no se viola si se le inicia proceso, ya que el fuero tiene que ver con una garantía para las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos.

Por esa razón, la SCJN solicitó a la Procuraduría General de la República que colabore en la localización y presentación ante un juez federal tanto de Moreno Rivera como de Ballesteros López.

Ambos ex funcionarios fueron sancionados por el máximo tribunal del país porque desde 2013 incumplieron un laudo laboral que habían ganado cuatro empleados de la delegación Venustiano Carranza, a los que no se les reconocía su labor como notificadores.

Sin embargo, el delito que se les imputa no está tipificado como grave y, por tanto, ambos acusados podrían enfrentar su proceso en libertad.