Por votación mayoritaria, después de una discusión de cuatro horas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) estableció que las listas de candidaturas plurinominales al Senado deberán ser encabezadas por mujeres y que los partidos tendrán que postular a indígenas como aspirantes a diputados en 12 distritos de población preponderantemente de pueblos originarios.

Tales medidas –que suscitaron críticas de todos los representantes partidistas y de algunos consejeros que votaron en contra de ellas– serían justas y atinadas si fuesen una auténtica expresión de espíritu incluyente y equitativo, pero en el contexto y en el momento en que fueron impuestas parecen más un ejercicio de simulación y demagogia por parte de la autoridad electoral.

No puede criticarse, en efecto, el propósito de fortalecer la participación política de sectores de población tradicionalmente excluidos, como es el caso de los indígenas y de las mujeres. Pero incrustar en la reglamentación una modalidad de cuotas en vísperas de un proceso electoral de la importancia del que está por comenzar, sin haber realizado previamente ningún trabajo institucional, no sólo introduce factores de alteración en los procesos internos de los partidos de cara a la elección sino que deja una percepción de improvisación y de aprovechamiento poco escrupuloso de los principios democráticos modernos de equidad de género y apertura a la pluralidad cultural.

El momento es significativo, toda vez que la autoridad electoral pasa por uno de sus peores momentos en materia de imagen pública y credibilidad. Han sido determinantes, en tal situación, la falta de voluntad del INE para sancionar con severidad las prácticas deplorables e incluso delictivas de diversos institutos políticos; su complacencia ante la compra del voto y los rebases en los topes de gasto de campaña, y su incapacidad para poner freno a la permanente injerencia de los poderes federales y estatales –por medio del uso indebido de programas sociales– en cada comicio que se realiza en el país. El desprestigio se ha visto incrementado por la frivolidad con la que los directivos del INE han dispuesto de recursos públicos en un momento nacional en la que la austeridad institucional resulta imperativa.

Es significativo también que los adherentes a la candidatura independiente de María de Jesús Patricio Martínez, mujer indígena y representante en la elección presidencial del próximo año del Concejo Nacional Indígena (CNI) y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se quejaron en días pasados de las trabas puestas por el INE en la recolección de firmas para su registro e interpetaron esos obstáculos no como resultado de la ineficiencia burocrática sino como expresión de una actitud discriminatoria y excluyente.

En suma, las disposiciones establecidas ayer por una mayoría de consejeros electorales no parece obedecer al deseo de impulsar una mayor inclusión de los marginados de siempre en el proceso electoral sino una ocurrencia de última hora para recomponer en alguna medida el descrédito público al que el INE ha sido conducido por sus propios mandos.