El subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía (SE), Ernesto Acevedo, rechazó que el Decálogo de Política Industrial, presentado el jueves pasado al sector empresarial, sea similar a iniciativas de otros sexenios, sostuvo que se basa cifras actuales y cambios legales recientes enfocados a alcanzar el bienestar de la población.

El papel del Estado en la política industrial será coordinar sectores que se impulsarán de manera transversal, porque generan mayores posibilidades de crecimiento de la economía, sin que sea seleccionado uno o algunos como se hizo en los años sesenta, puntualizó Acevedo en entrevista, frente a las primeras críticas que generó el decálogo. El Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC) aseveró, por ejemplo, que el decálogo tiene la misma naturaleza que el programa industrial de 1996 del entonces presidente priísta Ernesto Zedillo.

El decálogo es una síntesis de cosas muy importantes. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) plantea más de 50 acciones y el país necesita más, mil o 2 mil acciones, pero tenemos que sintetizar, focalizar y tener un esfuerzo sustantivo, indicó.

Los instrumentos de la política, dijo, son más o menos similares entre administraciones, pero ninguna tuvo la restricción presupuestal que la actual, entonces también es distinto el uso de la creatividad para ver cómo avanzamos. El éxito del decálogo, reiteró, depende del esfuerzo colectivo y una visión unificada de todos los actores.

El subsecretario destacó que la competencia económica encabeza la estrategia de política industrial para también combatir la pobreza. La falta de competencia ocasiona que la población en general pierda hasta el 15.7 por ciento de su ingreso al adquirir a sobreprecios bienes y servicios públicos, pero se eleva hasta 30.9 por ciento entre los mexicanos más pobres.

Destacó el punto número 8 del decálogo, la Economía de la salud, que por primera vez en la historia del país se incorpora como un eje fundamental de la política industrial, ya que el envejecimiento y deterioro de la salud de la población tiene un impacto en la productividad y competitividad de los sectores productivos a mediano plazo, además del gasto creciente que implica para el Estado.