La Secretaría de Gobernación (SG) dijo que una de las prioridades en la creación y/o ampliación de las unidades estatales de atención a periodistas y defensores de derechos humanos es generar acciones especializadas de detección de riesgos y atención a víctimas.
El objetivo anunciado la semana pasada por el presidente Enrique Peña Nieto es amplio si se considera, acorde con datos internos de la SG, que actualmente sólo dos entidades (Ciudad de México y Veracruz) cuentan con instancias creadas específicamente para la protección de estos grupos.
En el resto de los estados del país, Gobernación sólo trabaja con ‘‘enlaces operativos’’ regularmente a cargo de las secretarías de Gobierno y, en menor medida, de áreas de seguridad pública. Y son también las entidades en referencia donde reside el mayor número de beneficiarios del mecanismo federal para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Es en la capital del país y en territorio veracruzano donde se ubica la mayoría de los comunicadores en riesgo.
Vidal Pérez Islas, director de Servicios Periciales de la zona centro, señaló que los expertos forenses de la Procuraduría General de la República (PGR) no llevaron a cabo una reconstrucción, sino una ‘‘recreación’’ de cómo habría ocurrido el homicidio del periodista Javier Valdez, y que todo se realiza con el protocolo de necropsia que elaboró la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa.
En un encuentro con medios de comunicación, el funcionario modificó la versión inicial de que el periodista sinaloense fue víctima de 13 disparos y no de 12, como se informó inicialmente por parte de las autoridades locales, e insistió en que Javier Valdez no fue obligado por sus victimarios a arrodillarse.
Ante estas afirmaciones, La Jornada buscó a peritos que colaboran con la PGR y también agentes del Ministerio Público Federal para preguntarles sobre el valor legal de diligencias consideradas ‘‘reconstrucción’’ y ‘‘recreación’’.
Diputados locales presentaron ayer ante el pleno del Congreso una iniciativa para tipificar como delito el atentado a la libertad de expresión, con la cual se busca modificar el Código Penal con la creación de un nuevo artículo que contemple hasta dos años de cárcel para quien amenace o evite la actividad periodística.
La iniciativa de reforma contempla crear el capítulo de delito contra la libre expresión. El nuevo artículo 240-d considera una pena hasta de dos años de cárcel a quien amenace, use violencia física o moral para evitar que se ejerza la actividad periodística. Y a quien ‘‘obstaculice, impida o por cualquier medio reprima la publicación, producción, distribución, circulación o difusión de algún medio de información escrito, impreso, digital o radiofónico’’.
Personal del Ejército Mexicano y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron en la comunidad Eldorado, en el estado de Sinaloa, a Pedro Alfonso Domínguez Moreno, El Moreno 14, considerado uno de los principales operadores de Dámaso López Serano, El Mini Lic.
El Moreno 14 fue identificado como ‘‘probable encargado de la seguridad de las operaciones delictivas y coordinador de una red de vigilancia colocada en inmediaciones de la comunidad de Eldorado’’.
En este operativo fueron aseguradas cinco personas más que presuntamente forman parte de esta célula delictiva, y se liberó a un hombre de 66 años de edad, originario de Michoacán, que declaró haber sido secuestrado en el estado de Baja California.
Mtro. José María Gerardo Carmona Rocha Aspirante a Rector
NUMERO 18 JUN-JUL 2023
Jose María Carmona
DESARROLLO Y COMERCIO INTERNACIONAL
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