José Antonio Román

Es ‘‘imprescindible’’ trazar un plan de ‘‘regreso escalonado’’ de las fuerzas armadas a sus cuarteles y un programa de profesionalización policial, señalaron diversas organizaciones de derechos humanos, académicos, especialistas, activistas y religiosos.

Insistieron en que la ley de seguridad interior, la cual se discute actualmente en el Congreso, ‘‘no es el mejor ni el único camino’’ para solucionar la crisis de inseguridad y violencia que vive el país.

En un pronunciamiento titulado Seguridad sin guerra, las organizaciones que lo suscriben advierten que esta ley no atiende los problemas de fondo que han llevado durante los pasados diez años a que las fuerzas armadas sean las únicas instancias capaces de proveer seguridad a la ciudadanía.

Incluso, destacan que la evidencia demuestra que el despliegue militar no ha reducido la violencia y sí en cambio ha desgastado a las fuerzas armadas en tareas que no les corresponden constitucionalmente y para las que no están preparadas, como ha reconocido el mismo secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

‘‘La crisis de la violencia y de violaciones a los derechos humanos en México no cede. Los homicidios violentos están nuevamente en crecimiento en el promedio nacional. La propuesta de crear una ley de seguridad interior, a fin de regularizar la intervención militar en tareas de seguridad pública y de procuración de justicia, no es la solución a estos problemas’’, se señala.

Además, advirtió que la propuesta de ley tampoco toma en cuenta los efectos negativos que ha tenido la actual estrategia de ‘‘seguridad militarizada’’, donde se han elevado exponencialmente las violaciones a los derechos humanos. ‘‘México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia’’.

Incluso, consideran que antes de una ley de seguridad interior es necesario construir policías confiables y capacidad preventiva por parte de las autoridades civiles. Aunado a ello es necesario un programa verificable de retorno de las fuerzas castrenses a sus cuarteles y una profesionalización policial. ‘‘El anterior presidente Felipe Calderón y el actual, Enrique Peña Nieto, así lo han ofrecido. Ambos han incumplido’’.

El pronunciamiento es suscrito por los centros de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez y Paso del Norte, entre otros, además de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Familiares en Búsqueda María Herrera, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y Red TDT, entre muchos.

Entre los especialistas, académicos, activistas y religiosos que suscriben el pronunciamiento están Édgar Cortez, Enrique González Ruiz, Javier Sicilia, Miguel Álvarez Gándara, Silvano Cantú, Miguel Sarré, la religiosa Consuelo Morales y el sacerdote dominico Miguel Concha Malo, de un total de 113 firmas individuales.