José Antonio Román

Contratado como ingeniero ‘‘foráneo’’ por la empresa Ica Fluor, subsidiaria del corporativo ICA, José Antonio Robledo, de 32 años de edad, tenía ya un año de vivir en Monclova, Coahuila, cuando el 25 de enero de 2009 fue raptado por un grupo de hombres armados a plena luz del día. A más de ocho años de esos hechos su paradero sigue siendo desconocido.

María Guadalupe Fernández, su madre, narra que a pesar de haber entregado a la policía estatal información confidencial sobre las últimas llamadas del celular de su hijo, incluso días después de su desaparición, nunca se hizo nada. La empresa no sólo se deslindó de cualquier responsabilidad, sino obstruyó de manera importante la investigación, donde dos compañeros de su hijo están presos, pero no tiene noticias de su familiar.

Han pasado ya ocho años, un mes y 12 días de la ausencia de su hijo, recuerda la señora Fernández. El día de su desaparición, José Antonio estacionó su vehículo frente a un servicio de autopartes en Monclova; hablaba vía celular con su novia, con quien ya había planes de matrimonio.

En ese momento hombres armados le hicieron varias preguntas, le exigieron las llaves de su automóvil y le ordenaron enmedio de golpes subir a la unidad. Durante varios minutos la novia escuchó todo lo que ocurría a través del celular, hasta que fue apagado.

José Antonio Robledo y María Guadalupe Fernández, padres del ingeniero desaparecido, se trasladaron a Monclova desde la Ciudad de México. De entonces a la fecha han empleado su tiempo en hacer labores de investigación, más por intuición que por conocimiento, supliendo la deficiencia del Ministerio Público y la inoperancia de las policías.

En cuestión de días, los padres de José Antonio pudieron obtener, a través de una amistad, las llamadas sábanas de llamadas del celular de su hijo, de los días previos y posteriores al 25 de febrero, pero nada. El registro de estos números indica que desde las oficinas de Ica Fluor, tanto de la Ciudad de México como de Monclova, salieron llamadas al celular de José Antonio en los días posteriores a su rapto. Pero las autoridades tanto federales como estatales nada han hecho.

A ocho años, el caso está empantanado en la Procuraduría General de la República (PGR), pese a que hay un ofrecimiento de recompensa para quien dé información sobre el paradero del ingeniero. Incluso, la señora Fernández narra que tras la entrega de la información del celular, su esposo y ella tuvieron un encuentro con jefes de la seguridad privada de Ica Fluor y un par de ‘‘empresarios’’ que tenían contratos con la empresa, quienes se presentaron como miembros de Los Zetas.

‘‘Nos advirtieron que no buscáramos más’’ e incluso les dijeron que ya tenían conocimiento de la información entregada a la policía respecto de la telefonía celular de su hijo, la cual se suponía –añade la señora Fernández– que era ‘‘confidencial’’ para que las autoridades pudieran realizar la investigación.

‘‘Esto nos demostró desde el principio que había complicidad entre la empresa Ica Fluor, los integrantes de Los Zetas y las autoridades policiacas. Hemos ido de engaño en engaño en todas las instancias de procuración de justicia. La corrupción es la madre de la impunidad.

‘‘Pero mi convicción, por amor, es encontrarlo, seguirlo buscando. Y no porque diga que lo busco muerto ya no lo voy a buscar. El tamaño del sufrimiento y la incertidumbre es tanta que a nadie se le desea’’, dice María Guadalupe Fernández, quien hoy, junto con su esposo, forma parte del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (Fundec-M).