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Categoría: Analístas Invitados
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Publicado el Miércoles, 09 Septiembre 2020 08:35
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Marcos Roitman Rosenmann
A las 7:15 AM del 11 de septiembre de 1973, el presidente Salvador Allende se despide de Hortensia Bussi, su esposa, y abandona la casa presidencial, calle Tomás Moro 200. Destino La Moneda. Tras mil días de asedio, la burguesía chilena, los partidos políticos de la derecha y el gobierno Nixon-Kissinger rompen la función no deliberativa de las fuerzas armadas. Entre el 29 de junio de 1973, fecha del putsch fracasado, y el 11 de septiembre no descansan. La Contraloría General de la República, en manos de la Democracia Cristiana, declara parcialmente inconstitucional el decreto que conformaba las tres áreas de la economía, social, mixta y privada. El 8 de julio, los presidentes del Senado, Eduardo Frei Montalva, y la Cámara de Diputados, Luis Pareto, democristianos, redactan un comunicado subrayando que el gobierno pretende imponer un esquema ideológico y programático que la mayoría del país rechaza. A continuación, el colegio de abogados manifiesta que se ha roto el ordenamiento jurídico. El 27 de julio, la ultraderecha asesina al capitán de navío y edecán del presidente, Arturo Araya Peeters. El 5 de agosto, marinos son torturados por denunciar las maniobras de golpe, y el 22 de agosto la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, redacta una carta subrayando: “Es un hecho que el actual gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema representativo que la Constitución establece; que para lograr ese fin, el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, (…) violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del estado de derecho”. A continuación hace un llamado explícito a las fuerzas armadas, “que en razón al grave quebrantamiento del orden institucional […] les corresponde poner de inmediato término […] con el fin de […] asegurar el orden constitucional de nuestra patria”.
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