Pedro Miguel

La campaña de odio e intoxicación de la opinión pública en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que la reacción mantiene desde el primero de diciembre de 2018 es continuación de la que empezó más de 12 años antes, con el peligro para México, el mesías tropical y el huevo de la serpiente, o incluso antes, con la fabricación de los videoescándalos de 2004.

A la postre fue posible superar el permanente y poderoso operativo propagandístico de la reacción mediante la organización popular que encarnó en Morena. Allí se logró convertir el descontento en esperanza y se construyó la gran red que impulsó la insurrección cívica del primero de julio de 2018. Morena fue el eje articulador entre la propuesta de nación y las causas sociales más diversas; el horizonte de justicia, bienestar y probidad gubernamental adquirió significaciones precisas en los ámbito de los derechos humanos, el ambientalismo, las luchas campesinas, las reivindicaciones de género, las demandas urbanas y laborales.

Pero la conquista de la silla presidencial y el inicio de la revolución pacífica tuvieron un costo altísimo: la desarticulación del organismo promotor de la transformación –muchos de cuyos dirigentes y cuadros debieron ocuparse en tareas de gobierno–, la contaminación del partido por las lógicas del viejo régimen y el surgimiento de ambiciones y luchas por el poder como fin en sí mismo.

Peor aun, la materialización en curso de la Cuarta Transformación dejó al partido sin un programa explícito propio, y en lugar de colaborar en la construcción de uno, quienes aspiran a hacerse con el control de Morena han optado por la autopromoción personal y por descalificar a sus competidores por la vía de partidarios del denuesto fácil. Esas pugnas, aunadas a la pandemia, han empantanado el proceso de transición que habría debido emprenderse con la dirección provisional electa en febrero y abrieron la vía para que el Tribunal Electoral impusiera, por medio del INE –organismos, ambos, dominados por las lógicas oligárquicas del viejo régimen–, un abusivo e ilegal protectorado sobre el partido.

En estas circunstancias, la reacción, que no tiene nada que ofrecer al país salvo el retorno al pasado de corrupción, autoritarismo y descomposición neoliberal, ha buscado apoderarse sin escrúpulo alguno de banderas que hasta hace dos años le resultaban ajenas, adversas y hasta odiosas: el combate a la corrupción, el feminismo, las causas ecológicas, los derechos humanos y las luchas campesinas.

Ahora mismo hay en curso dos conflictos que objetivamente constituyen oxígeno puro para la alicaída y desarticulada oposición oligárquica y reaccionaria: la toma de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Centro Histórico por víctimas reales que han contado con el apoyo de grupos oscuros, y las protestas de agricultores chihuahuenses por el cumplimiento del acuerdo de aguas de 1944 entre México y Estados Unidos que obliga al país a compensar al vecino con una cantidad de recursos hídricos.

La convergencia en el tiempo de ambos asuntos puede ser casual por lo que hace a sus componentes legítimos, pero ciertamente no lo son el inusitado respaldo que han concitado, las dimensiones que han adquirido ni las trágicas consecuencias del segundo, las cuales deben ser obligadamente esclarecidas, sin duda, porque no puede permitirse el retorno de la impunidad para agentes de seguridad del Estado.

Más allá de lo fundamentadas que pudieran estar las inconformidades con la operación de la CNDH, las acciones de protesta exhiben una desmesura que poco abona a legitimarlas, como la destrucción de expedientes depositados en el recinto de la calle de Cuba.

Independientemente del nivel de llenado –o de vaciado– de las presas de Chihuahua, resulta llamativo, por decir lo menos, que grupos de agricultores se animen a acciones que difícilmente habrían adoptado en el régimen anterior, como atacar a la fuerza pública para tomar y cerrar represas.

Aunque en ninguno de los casos fuera posible demostrar que los conflictos hayan sido organizados y promovidos por la reacción, en ambos es patente el aprovechamiento propagandístico de las respectivas crisis por parte de los sectores desplazados en 2018, quienes deben estar observando con deleite la ausencia de Morena en el escenario nacional.

En tanto que el gobierno debe hacer frente a situaciones difíciles como las señaladas, en el partido del Presidente se desarrolla una lucha desoladora en la que proliferan las campañas de desprestigio, así sean de bajo perfil, y la propaganda personalista, como si un nombre y un apellido fueran la solución mágica. La abnegación y la combatividad de la militancia son conducidas a la lucha intestina. Es patente en varios el abominable recurso al marketing político. Y de debate de ideas y de reflexión y acción ante los problemas nacionales, ni una palabra.