Marcos Roitman Rosenmann

A las 7:15 AM del 11 de septiembre de 1973, el presidente Salvador Allende se despide de Hortensia Bussi, su esposa, y abandona la casa presidencial, calle Tomás Moro 200. Destino La Moneda. Tras mil días de asedio, la burguesía chilena, los partidos políticos de la derecha y el gobierno Nixon-Kissinger rompen la función no deliberativa de las fuerzas armadas. Entre el 29 de junio de 1973, fecha del putsch fracasado, y el 11 de septiembre no descansan. La Contraloría General de la República, en manos de la Democracia Cristiana, declara parcialmente inconstitucional el decreto que conformaba las tres áreas de la economía, social, mixta y privada. El 8 de julio, los presidentes del Senado, Eduardo Frei Montalva, y la Cámara de Diputados, Luis Pareto, democristianos, redactan un comunicado subrayando que el gobierno pretende imponer un esquema ideológico y programático que la mayoría del país rechaza. A continuación, el colegio de abogados manifiesta que se ha roto el ordenamiento jurídico. El 27 de julio, la ultraderecha asesina al capitán de navío y edecán del presidente, Arturo Araya Peeters. El 5 de agosto, marinos son torturados por denunciar las maniobras de golpe, y el 22 de agosto la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, redacta una carta subrayando: “Es un hecho que el actual gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema representativo que la Constitución establece; que para lograr ese fin, el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, (…) violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del estado de derecho”. A continuación hace un llamado explícito a las fuerzas armadas, “que en razón al grave quebrantamiento del orden institucional […] les corresponde poner de inmediato término […] con el fin de […] asegurar el orden constitucional de nuestra patria”.

Un día antes, el 21 de agosto, mujeres de Poder Femenino, militantes de la Democracia Cristiana, el Partido Nacional y Patria y Libertad, acompañan a esposas de generales a la casa del comandante en jefe del ejército, Carlos Prats, profiriendo insultos, tildándolo de cobarde, solicitando la intervención de las fuerzas armadas para derrocar el gobierno constitucional. Al día siguiente, el general Prats presenta su dimisión. En la carta se lee: “Al apreciar en estos últimos días que quienes me denigraban, habían logrado perturbar el criterio de un sector de la oficialidad del ejército, he estimado un deber de soldado, de sólidos principios, no constituirme en factor de quiebre de la disciplina y de la dislocación del estado de derecho, ni de servir de pretexto a quienes buscan el derrocamiento del gobierno constitucional […] he estimado un deber de soldado presentarle la renuncia indeclinablemente de mi cargo de ministro de Defensa Nacional, y a la vez, solicitarle mi retiro absoluto de las filas del ejército, al que serví con el mayor celo vocacional durante más de 40 años”.

Guillermo Pickering, comandante de las escuelas militares, y Mario Sepúlveda, comandante de la segunda división (Santiago), generales con mando en tropa, renuncian en solidaridad con Prats. El director general de carabineros, José María Sepúlveda Galindo, se mantiene firme. Estará con el presidente en La Moneda, el 11 de septiembre. El subdirector Jorge Urrutia y los generales Rubén Álvarez y Orestes Salinas tampoco se pliegan al golpe, los alzados recurren a un general mediocre, sexto en la cadena de mando, César Mendoza. En la Armada, su comandante, Raúl Montero, será retenido en su casa. Los almirantes Daniel Arellano, Hugo Poblete Mery, el capitán René Durandot y el teniente Horacio Larraín, constitucionalistas, son separados del mando; se autoproclama jefe de la armada Toribio Merino.

En La Moneda, Joan Garcés relata su percepción de Allende tras la declaración de los golpistas: “Resumo el comunicado de la radio […] aparece firmado por Leigh y Merino, pero también por Mendoza, que se autodenomina director general de Carabineros, y por Pinochet. No hace ningún comentario. Estamos solos. Toma el teléfono y pronuncia una breve alocución por radio. […] Son las 8:45. De pie, la mano sobre la mesa de trabajo, repiqueteando los dedos, la mirada perdida en la distancia, Allende se limita a decir a media voz: ‘Tres traidores, tres traidores’”.

Mendoza, un general rastrero, se autonombra; Merino secuestra al comandante en jefe de la Armada, Raúl Montero, y Pinochet, un cobarde que el domingo 9 de septiembre juró lealtad en la residencia presidencial, se pliega al putsch. Pinochet debía activar el Plan Hércules, dispositivo antigolpe, el 11 de septiembre. Allende convocaría a referendo. La Democracia Cristiana, el Partido Nacional y la patronal son informados. Brady, general golpista al mando de la guarnición de Santiago, tras la renuncia del general Sepúlveda, garantiza la movilización de la tropa. El golpe será el 11 de septiembre. El ejército y la aviación bombardean, toman ministerios, medios de comunicación, fábricas, sedes de los partidos y universidades. Se inicia la detención y asesinato de dirigentes y militantes de la Unidad Popular. La tiranía se cierne sobre Chile. Hoy, la rebelión popular iniciada en octubre de 2019 puede abrir las grandes alamedas, cerradas durante décadas. Un referendo constituyente puede acabar con la Constitución pinochetista, Allende está presente.