Este fin de semana se llevó a cabo en Mexicali, Baja California, una consulta para determinar si se permite la operación en esa ciudad de una planta en construcción de la cervecera trasnacional Constellation Brands. Aunque al cierre de esta edición no se habían difundido los datos de la segunda jornada de votación (ayer domingo), los resultados de la primera (realizada el sábado) permiten hacerse una idea de las tendencias: 68.3 por ciento de los votos emitidos fueron por el no, mientras el sí logró apenas 29.5 por ciento. La baja participación ciudadana (menos de 15 mil votantes de una lista de más de 700 mil) no refleja la intensa polarización que ha caracterizado el conflicto por la planta cervecera.

Los movimientos ambientalistas y de resistencia locales han señalado desde hace años que permitir esa planta industrial dejaría sin agua a la población, en una zona agobiada por la escasez de recursos hídricos. Por añadidura, los opositores acusaron al gobierno federal –organizador de la consulta– de parcialidad en favor de la cervecera, a la cual acusaron de incurrir en múltiples irregularidades y prácticas fraudulentas en las dos jornadas de votación.

Por su parte, la Coparmex y sectores de la oposición política han defendido los intereses de Constellation Brands con el argumento central de que impedir su instalación, cuando la firma tiene los permisos necesarios, conllevaría un mensaje negativo para la inversión extranjera y ahuyentaría al capital.

La virulencia de esta postura llegó ayer a niveles de clara imprudencia con el llamado del organismo cupular empresarial a boicotear la consulta y el amago de buscar la remoción por la vía judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por supuestas violaciones legales implícitas en el ejercicio democrático realizado. Además, la Coparmex recurrió al argumento de que llevarlo a cabo resultaba peligroso e irresponsable en momentos en que el país se encuentra en contingencia por la pandemia de coronavirus.

En suma, la gestión del conflicto mexicalense representa un desafío para la condición del Ejecutivo federal como árbitro de disputas entre sectores de la sociedad y, particularmente, en lo que se refiere a posiciones encontradas entre grandes proyectos industriales y/o comerciales, por un lado, y movimientos comunitarios y ciudadanos en defensa de la tierra, el agua y el medio ambiente.

No debe ignorarse que en el territorio nacional prolifera esa clase de conflictos y el desenlace del que tiene lugar en Mexicali puede dar una pauta de cómo serán encauzados.

Por lo demás, sería deseable que quienes hoy se lamentan por la posible inviabilidad de la planta cervecera tomaran en cuenta que el gobierno de la Cuarta Transformación honró en la ciudad bajacaliforniana sus propósitos de separar el poder económico del político y de involucrar a la sociedad en la toma de decisiones democráticas sobre proyectos y desarrollos que, para bien o para mal, afectan a la población y deben someterse, en consecuencia, a la previa aprobación de los habitantes.

Cabe esperar que tanto ciudadanos como el sector empresarial nacional e internacional y sus representantes comprendan el sentido de esta práctica saludable y necesaria y se acostumbren a ella.