Más de 500 personas procedentes de África y de Medio Oriente se encuentran en situación de emergencia en las costas mediterráneas de Europa, a bordo de embarcaciones de organizaciones humanitarias –los buques Open Arms, del colectivo del mismo nombre, y Ocean Viking, de Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterranée– que las han rescatado de lanchas precarias y buscan depositarlas a salvo en algún puerto del viejo continente. Pero los gobiernos de España e Italia, los países en cuyas proximidades se encuentran los navíos de los grupos asistenciales, no han otorgado la autorización para el desembarque de los migrantes, con las excepciones de una mujer con neumonía, otra con un tumor cerebral y un hombre con tuberculosis, quienes tras muchos regateos fueron aceptados el domingo pasado por las autoridades de Malta.

Desde hace días la situación es desesperante en ambos barcos humanitarios, lo que podría obligar a sus respectivas tripulaciones a actuar como lo hizo a finales de junio pasado la capitana del barco Sea Watch 3, de la organización no gubernamental del mismo nombre, la alemana Carola Rackete, quien atracó en el puerto italiano de Lampedusa sin autorización de la autoridad portuaria y fue puesta de inmediato bajo arresto. Había permanecido 17 días en el mar con 40 migrantes rescatados a bordo y las circunstancias en el navío se volvieron insostenibles. Más allá de lo que ocurra en esta ocasión con el Ocean Viking, el Open Arms y sus pasajeros y tripulantes, es claro que los gobiernos de la Unión Europea están ante la obligación de dar un giro radical en sus políticas antimigrantes, que en el fondo no se diferencian de las puestas en práctica por Donald Trump: dejar a los integrantes de los flujos humanos que viajan de sur a norte sin más alternativa que la de ahogarse en el río Bravo o en el Mediterráneo, equivale a aceptar una caída en la barbarie y no puede ser admisible desde ningún punto de vista.

El deber de los estados europeos y del estadunidense ante la migración no es, por lo demás, de orden meramente humanitario. Debe considerarse que los flujos migratorios se originan por asimetrías económicas, conflictos bélicos, fenómenos de violencia desbordada o consecuencias del cambio climático, y en todas esas causas los países industrializados de Occidente tienen una responsabilidad principal e ineludible, y sus injerencias colonialistas y la expansión de sus economías por medio de la devastación de las ajenas, han generado las condiciones que obligan a millones de personas a emprender el viaje, ya sea para escapar del hambre, de la violencia o de ambas.

Se trata, pues, de náufragos de la economía y de procesos de disolución institucional y nacional provocados por los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y Europa occidental, por el comercio de armas y drogas, por la sobrexplotación agrícola y extractiva depredadora, que afrontan los peligros mortales de naufragios menos metafóricos, de caer en manos de traficantes de personas y, los que logran llegar a destino, de padecer la violencia policial, la discriminación social y la explotación. Aunque organizaciones no gubernamentales como las referidas realizan una labor encomiable y valiosa salvando vidas y auxiliando de múltiples formas a los viajeros, es claro que su trabajo no es suficiente para contrarrestar la enorme irresponsabilidad de los gobiernos.

Con estos elementos en mente, es claro que los países del Occidente desarrollado deben reformular sus actitudes ante la migración y los gobiernos de todo el mundo deben ponerse de acuerdo en un nuevo paradigma para hacer frente a una expresión de movilidad humana que no va a menguar en los próximos años, pero puede ser asumida desde una perspectiva de derechos humanos efectivos y sustanciales y no, como se hace ahora, con políticas policiales y fronterizas que causan miles de muertes.