Orlando Delgado Selley

La llegada de una nueva administración a la conducción de gobierno federal siempre involucra modificaciones de mayor o menor medida en algunos ámbitos importantes de las decisiones públicas. La administración de AMLO ha planteado una ruptura fundamental con la manera en la que se tomaban las decisiones y con las principales políticas públicas. Decretó incluso el fin del neoliberalismo en México, aludiendo a las nuevas políticas públicas y a la lucha frontal contra la corrupción. El neoliberalismo, por supuesto, no se terminó con esta declaración. Por el contrario, cómo en el funcionamiento del Banco de México (BdeM), se mantiene funcionando en definiciones sustanciales para la construcción de la política económica.

Los dos pilares de la política económica son la política fiscal y la política monetaria. La primera la propone el Ejecutivo a través de Hacienda y la aprueba el Congreso de la Unión. Se decide el gasto público y la manera en la que se financia ese gasto: la política tributaria, la de precios de bienes y servicios públicos y la política de endeudamiento público. La construcción de la política fiscal involucra diversas instancias del Estado mexicano, produciéndose como resultado de un consenso entre instancias gubernamentales, parlamentarias y, por ello, partidarias. La ejecución le corresponde a Hacienda, pero rinde cuentas al Congreso y lo supervisa la Auditoría Superior de la Federación.

En cambio, la otra gran política: la monetaria, la decide autónomamente el Banco de México. Lo hace a partir de sus propias consideraciones. Esta autonomía se le otorgó al Banco de México como parte de las reformas que liberalizaron el funcionamiento del sistema financiero, a través de la desregulación, la privatización bancaria y la apertura de los servicios financieros. Junto a estas reformas neoliberales, en 1993 el Congreso aprobó la autonomía del banco central y estableció el mandato de procurar la estabilidad de precios como objetivo prioritario. Autonomía y mandato prioritario constituyen los dos aspectos de la reforma neoliberal del Banco de México, que son incompatibles con la 4T.

En la iniciativa para la nueva ley orgánica del BdeM, que se presentó al Congreso de la Unión en 1993, se señaló expresamente que un banco central con el mandato de procurar, sobre cualquier otra finalidad, la estabilidad de precios, permite contar con una institución dentro del Estado comprometida a largo plazo con ese objetivo. En el cumplimiento de este mandato el BdeM ha afectado la posibilidad de que la política fiscal sirva para detener comportamientos recesivos o situaciones de estancamiento al elevar la tasa de interés de referencia, encareciendo cualquier inversión. En momentos decisivos, en efecto, ha privilegiado la estabilidad de precios. Sin duda, ha servido para ese propósito. Pero también sin duda ha dificultado que el gasto público sirva para estimular a la economía.

En el primer semestre de 2019 la economía mexicana tuvo un crecimiento de 0.2 por ciento respecto a diciembre de 2018, lo que significa estancamiento y plantea la posibilidad de un escenario recesivo para los próximos meses. En respuesta el gobierno federal planteó darle un empujoncito a la economía a través de una inyección de 485 mil millones de pesos, que presuntamente se acompañarán de inversiones privadas. El empujoncito, equivalente a 8.3 por ciento del gasto neto total aprobado para 2019, lo que es significativo, pudiera servir para que la economía mexicana se dinamice en el segundo semestre siempre y cuando las decisiones de política monetaria del banco central no contrarresten los posibles efectos positivos.

En la más reciente decisión de política monetaria, del 27 de junio, tomada por la junta de gobierno del BdeM, cuando se sabía ya la situación de nuestra economía, fue mantener la tasa de interés interbancaria en 8.25 por ciento anual. Este nivel de tasa es consistente con el propósito del banco central de que la inflación se estabilice en 3 por ciento anual. Este nivel de tasa, al mismo tiempo, es inconsistente con el propósito del gobierno federal de animar la dinámica económica. En este propósito contracíclico coinciden el Congreso, empresarios e inversionistas y cualquiera que tenga créditos vigentes. Pero al Banco de México lo que le preocupa es la inflación, lo que es congruente con su objetivo prioritario.

Lo que es incongruente es que este mandato del Banco de México, otorgado en el marco de las reformas neoliberales, se mantenga en los tiempos de la 4T. AMLO ha planteado que le gustaría que el Banco de México redujese la tasa, como lo ha hecho recientemente el Fed estadunidense, pero que si no lo hacen él será respetuoso de sus decisiones. Respetará las decisiones de un banco central cuyas obligaciones legales le hacen incompatible con un gobierno que pretende erradicar el neoliberalismo. Reformar la reforma neoliberal del BdeM es indispensable para que lo que se propone el gobierno federal no sea afectado por las decisiones de política monetaria.