El miércoles pasado ocurrió una explosión y un incendio en la refinería Antonio Dovalí Jaime, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, con un saldo, hasta ayer, de un muerto y nueve heridos. De acuerdo con la información oficial, el siniestro fue causado por un derrame de aceite y residuos que se desbordaron de represas ubicadas en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras el paso de la tormenta tropical Calvin. En abril de 2016, en el complejo petroquímico de Pajaritos, Coatzacoalcos, Veracruz, tuvo lugar un percance mucho más grave que destruyó una planta de clorados de propiedad mixta y causó la muerte de 24 trabajadores y lesiones a más de un centenar. En marzo del presente año, una explosión en la refinería de Salamanca, Guanajuato, mató a siete operarios, entre empleados y personal subcontratado.

Ciertamente, ninguna instalación industrial se encuentra totalmente a salvo del riesgo de accidentes como los referidos, y la probabilidad de percances se eleva en el caso de plantas que trabajan con materiales combustibles o explosivos, como son la refinación de hidrocarburos y la petroquímica secundaria. Pero en el caso de la tragedia de Coatzacoalcos, un oficio enviado una semana antes por la Subdirección de Producción de Petrolíferos de Pemex advirtió que, ante las limitaciones para la asignación de recursos presupuestales y gastos de operación, se debía extremar la supervisión y vigilancia de las condiciones de operación y equipos estáticos y dinámicos de las plantas de proceso y servicios principales, y señalaba que tales carencias habían eliminado el margen de tolerancia para equivocaciones, descuidos o negligencias.

En esa ocasión, empleados de la refinería de Minatitlán señalaron que el recorte de recursos al rubro de mantenimiento ponía en peligro las plantas y las instalaciones de Pemex, afirmaron que los recortes presupuestales estaban siendo aplicados por funcionarios sin la preparación debida y subrayaron que en Pajaritos los despidos de personal habían dejado sólo 700 trabajadores del área de operación y que se habían jubilado o transferido a más de mil 200, muchos de ellos adscritos al área de mantenimiento (La Jornada, 25/4/2016, p. 7).

Es significativo que apenas la semana pasada, en el contexto del ajuste del personal de la empresa, la Dirección General de Pemex Exploración y Producción ordenó el despido de 2 mil 785 trabajadores, debido a la falta de recursos suficientes para el mantenimiento de las plazas correspondientes (oficio PEP-DG-SAPEP-79-2017).

Sería sin duda absurdo atribuir el más reciente accidente a ese recorte específico de personal, pero es claro que si hasta antes de la reforma energética Pemex había sido sobrexplotado y descuidado en su mantenimiento y renovación, esa situación se agudizó después de las modificaciones constitucionales y de la supresión del estatuto de empresa paraestatal, se incrementó el subcontratismo y en lo sucesivo, cuando se habla de inversiones en la industria petrolera, se alude casi exclusivamente a las corporaciones privadas y no a la empresa productiva del Estado.

Esa circunstancia se ve fortalecida por un discurso oficial cuestionable que reiteradamente hace referencia a los hidrocarburos fósiles como un recurso agotado o en vía de rápido agotamiento, lo que refuerza la tendencia al abandono de los segmentos de la industria petrolera que aún pertenecen a la nación.

A reserva de lo que establezca la necesaria investigación del accidente en la refinería de Salina Cruz y del debido esclarecimiento de las causas que produjeron la explosión y el incendio, se debe poner fin al achicamiento deliberado de Pemex y dejar de tratar a la antigua paraestatal como si fuera una empresa en liquidación.