Orlando Delgado Selley

Las recientes elecciones en cuatro entidades mexicanas permiten formular una hipótesis sobre una posible relación entre los procesos electorales y la economía política nacional. En Coahuila, estado de México, Nayarit y Veracruz fue evidente que hubo operaciones masivas de compra de votos, uso de los programas federales y estatales de contenido social para favorecer a los candidatos del PRI, gastos de campaña ostensiblemente superiores a los límites legales, además financiados con recursos de procedencia desconocida y un sinfin de irregularidades.

La relación entre economía y elecciones es clara, ya que luego de conocerse los resultados preliminares que señalaban que el partido que ocupa el gobierno federal, el PRI, había conservado la gubernatura en el estado de México, a la apertura de la bolsa de valores subieron las acciones de OHL, importante empresa que ha participado en numerosas obras publicas emprendidas por el gobierno mexiquense en tiempos de Peña Nieto y como Presidente de la República y que ha financiado la compra de la tristemente célebre Casa Blanca. Además, el peso tuvo un significativo repunte. La relación de eventos es directa. No se trata, sin embargo, de reconocer lo obvio, sino intentar una aproximación más amplia que ofrezca explicaciones generales.

Un enfoque sustentado en la economía política se ocupa no sólo de los procesos de producción, distribución, intercambio y consumo, sino que enfatiza la relevancia de la propiedad del patrimonio productivo en el funcionamiento de la economía. Se trata de destacar que la propiedad es decisiva en el reparto de lo que se produce. México, como lo acaba de documentar la Cepal, es uno de los países más desiguales de América Latina. El dato es conocido. Lo nuevo es la revelación de que la concentración se ha agudizado, como en los países desarrollados, al amparo de un modelo de desarrollo que se sustenta en la mayor libertad de los mercados.

Los datos duros ofrecidos por Cepal indican que el 10 por ciento más rico de los hogares mexicanos concentra dos terceras partes de los activos productivos y financieros. Llevado al terreno de las empresas, 10 por ciento de ellas detenta el 93 por ciento de los activos físicos. Esta información sumada a los datos sobre el desempeño económico general, que dan cuenta de una economía cuyos ritmos de crecimiento están lejos de los que exige el país, indican que aunque crecemos por debajo de lo requerido, lo peor es que unos cuantos se apropian de los frutos de ese crecimiento. En esta economía concentrada y excluyente la debilidad de la inversión privada es notoria, al lado de una inversión pública que no ha crecido en muchos años.

El modelo neoliberal, que ha estado vigente en nuestro país desde los tiempos de De la Madrid, es decir desde hace ya 35 años, pudo transitar un cambio de administración en el gobierno federal que sustituyó al régimen priísta colocando en el mando a un equipo distinto, proveniente de una de las oposiciones históricas. Los dos sexenios panistas, como Lampedussa, cambiaron todo para que todo quedara igual. Hubo, en efecto, un nuevo grupo político conduciendo al país, pero la dirección económica se mantuvo sin cambios. Hubo, por supuesto, inexperiencia en el manejo de la administración publica, pero no en el campo de la política económica, ni de la hacienda pública en donde se mantuvo la misma línea económica.

Económicamente, es decir, desde el punto de vista del modelo de funcionamiento económico, no se requiere que permanezca al mando el PRI. La alternancia no solo es posible, sino hasta conveniente. Internacionalmente se ve bien. Los capitales que concentran 93 por ciento de los activos, así como el 10 por ciento más rico de los hogares, son dueños verdaderos del país, los que –según la asociación de corredores inmobiliarios de Estados Unidos– compran 8 por ciento de las viviendas que se venden en ese país. Su relación con quienes han gobernado estos 35 años es clara: esas administraciones hacen lo que a ellos les hace falta que hagan.

El tema central no es el de la lucha contra la corrupción. Tampoco de solamente evitar que empresas depredadoras de las finanzas públicas puedan seguir haciendo negocios, como lo han hecho en las administraciones priístas. Ocuparse de las elecciones, ganarlas a como de lugar, es decisivo para que se mantenga un funcionamiento económico, que puede ser ineficiente, pero conveniente para los grandes capitales. Frente a este propósito están dispuestos a hacer lo necesario para que todo siga igual. Lo han hecho en estos procesos electorales y lo harán en 2018. De esto no cabe la menor duda. ¿Habrá la capacidad para impedirlo?