Ayer entró en vigor el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual en el Gobierno de México, herramienta indispensable que busca erradicar esas lacerantes conductas en la administración pública federal.

En un comunicado conjunto, las secretarías de la Función Pública (SFP) y de Gobernación (SG) dieron a conocer que con este protocolo por primera vez los órganos internos de control, que dependen de la primera, tendrán una herramienta efectiva para investigar casos de hostigamiento y acoso sexual en las dependencias y entidades federales.

El objetivo es prevenir, atender y sancionar con eficacia la violencia sexual dentro de las instituciones de gobierno y con ello fomentar climas laborales respetuosos y libres de discriminación y violencia.

De acuerdo con las dependencias, el protocolo se basa en criterios nacionales e internacionales de derechos humanos, y fue publicado por la SFP, la SG y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de enero.

El documento establece procedimientos uniformes para disuadir y castigar el hostigamiento y el acoso sexuales en las dependencias del gobierno federal.

De acuerdo con datos de la SFP, en 2019 fueron 84 las dependencias del gobierno federal que abrieron investigaciones por presuntos casos de acoso y hostigamiento sexual, que habrían afectado a 365 empleadas.

Al respecto, la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, resaltó la relevancia del nuevo protocolo como herramienta efectiva para resolver problemáticas que se venían perpetuando desde hace varias administraciones y que, con un verdadero compromiso, serán atendidas con efectividad por los órganos internos de control, a los que ahora se les dota de rutas a seguir en la materia. Desde la Función Pública hay cero tolerancia al acoso y el hostigamiento sexuales.

Nadine Gasman, presidenta del Inmujeres, destacó que la actualización del protocolo fue posible gracias al trabajo coordinado con casi 60 dependencias y entidades de la administración pública federal, con el fin de evitar, desde la perspectiva de género, prejuicios y estereotipos que entorpezcan el proceso de atención a casos.