El gobierno federal y las comisiones dictaminadoras en el Senado de la ley de desaparición forzada de personas, hicieron ayer un último intento por lograr consenso en torno a esa legislación, a fin de que se apruebe antes del 30 de este mes en que concluye el periodo ordinario.
Las negociaciones las encabeza Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), dependencia que, junto con la Procuraduría General de la República (PGR), formuló varias objeciones al proyecto de dictamen, entre ellas a las facultades del mecanismo nacional de búsqueda de desaparecidos.
Hasta el cierre de esta edición, el punto que tenía trabada la negociación era la insistencia de los familiares de las víctimas de ese delito de que ‘‘no sean corporaciones policiacas las responsables de la búsqueda de las personas ausentes’’.
El ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba será extraditado de Italia a Estados Unidos para que enfrente cargos por narcotráfico, que alcanzan penas de dos cadenas perpetuas y 90 años de prisión, acordaron el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, y su homólogo estadunidense, Jeff Sessions.
En el contexto de la visita de Cervantes a Washington, se dio a conocer un comunicado conjunto donde se afirma que ambos países resolvieron solicitar al gobierno italiano que ‘‘otorgue precedencia a la solicitud de Estados Unidos, así como buscar su autorización para la rextradición de Yarrington a México’’.
El ex mandatario tamaulipeco fue detenido el 9 de abril pasado en la ciudad italiana de Florencia. El pasado 10 de abril, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, señaló que, debido a que tanto Estados Unidos como México habían solicitado la detención de Yarrington con fines de extradición, Italia –que tiene acuerdos en la materia con ambos países– era la que decidiría.
Por segunda ocasión, la Cámara de Diputados postergó la aprobación de la ley de seguridad interior. Ayer, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, dijo que aun cuando el dictamen está prácticamente listo, las condiciones políticas dificultan que se pueda aprobar en el actual periodo ordinario de sesiones, que concluye el último día de abril.
Ello, debido a las presiones de las fracciones de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) para que antes se apruebe la minuta del Senado con la figura del mando mixto policiaco en los estados, subrayó el legislador.
Camacho Quiroz insistió en el rechazo de su partido a dicha minuta, porque el país lo que necesita en materia preventiva es el mando único y no el mando mixto.
El presidente del Senado, Pablo Escudero, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lamentó que la Cámara de Diputados haya decidido no aprobar en este periodo de sesiones la ley de seguridad interior.
Se está actuando con una ‘‘gran irresponsabilidad’’, porque ‘‘seguramente lo que va a suceder’’ es que la Secretaría de la Defensa no va a renovar los convenios de colaboración con los gobernadores para la participación de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada, señaló.
Sostuvo que al no contar con el marco jurídico que requieren, los militares van a salir de las entidades en las que ahora realizan tareas de seguridad pública.
Mtro. José María Gerardo Carmona Rocha Aspirante a Rector
NUMERO 18 JUN-JUL 2023
Jose María Carmona
EL PAÍS QUE SE NECESITA
José María Carmona
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