Víctor Ballinas y Andrea Becerril

El gobierno federal y las comisiones dictaminadoras en el Senado de la ley de desaparición forzada de personas, hicieron ayer un último intento por lograr consenso en torno a esa legislación, a fin de que se apruebe antes del 30 de este mes en que concluye el periodo ordinario.

Las negociaciones las encabeza Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), dependencia que, junto con la Procuraduría General de la República (PGR), formuló varias objeciones al proyecto de dictamen, entre ellas a las facultades del mecanismo nacional de búsqueda de desaparecidos.

Hasta el cierre de esta edición, el punto que tenía trabada la negociación era la insistencia de los familiares de las víctimas de ese delito de que ‘‘no sean corporaciones policiacas las responsables de la búsqueda de las personas ausentes’’.

De acuerdo con versiones de algunos legisladores, el subsecretario Campa les planteó que eso no es posible, ya que el Ministerio Público es el que tiene la facultad constitucional de investigar los delitos, y las policías están adscritas a las procuradurías, por lo que no pueden ser civiles los que se encarguen de investigar, y tampoco puede constituirse una policía nacional para la búsqueda de personas.

La presidenta de la Comisión de Justicia, la panista Pilar Ortega, comentó que la PGR y Gobernación ‘‘formularon de último momento una serie de observaciones, sobre todo a los tipos penales, al mecanismo nacional de búsqueda y a las facultades que éste tendría’’.

En la discusión, que se prevé se prolongue a las primeras horas de hoy, participan también las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña; de Gobernación, la priísta Cristina Díaz, y la de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz, también del PRI.

El subsecretario Campa Cifrián dijo que es un aspecto fundamental que se apruebe la ley, primero porque hay una recomendación de la Organización de las Naciones Unidas, y porque es necesario inhibir el delito y sancionar a los responsables.