Víctor Ballinas y César Arellano

Los grupos parlamentarios de PAN, PRI, PRD y MC presentarán este martes en la sesión ordinaria del Senado un punto de acuerdo urgente para que se cite a comparecer a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, con la finalidad de que explique la crisis en esa institución.

Las oficinas del organismo, en el Centro de la Ciudad de México, están ocupadas por víctimas de familiares de violaciones a sus derechos humanos, quienes denuncian desatención, renuncias o “destituciones de personal acusados de traición y compra de comida gourmet.

Aval de la oposición

Después de que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, Kenia López, del PAN, destacó que presentarán un punto de acuerdo para que Piedra Ibarra explique la crisis en la que tiene inmersa a esa institución, PRI, MC y PRD avalaron la propuesta.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, expresó el respaldo de su bancada a la titular de la CNDH y dijo que lejos de buscar o tumbar cabezas la Cámara intentará ser interlocutor de buena fe.

Monreal se ofreció a ser interlocutor entre la comisión y los manifestantes. El Senado no debe desatender esta crisis, ya que es la instancia que decide y designa a la presidenta de la CNDH. No deberíamos aislarnos ni evadirnos frente a las responsabilidades de lograr que la comisión tenga funcionalidad y gobernabilidad.

Sobre la ocupación de las de instalaciones por un grupo de feministas y familiares de desaparecidos y víctimas de abuso sexual, feminicidio y homicidio, López agregó que Piedra Ibarra deberá explicar qué ocurre con las renuncias o despidos de funcionarios, personas a las que ella invitó a trabajar. Ahora los acusa de traición, pero ellos han manifestado que renunciaron por intromisión del secretario ejecutivo en las funciones de los directores generales.

A su vez, la priísta Claudia Anaya indicó que su partido se sumó a la propuesta porque la titular de la CNDH debe explicar por qué no presentó una controversia constitucional por el uso de las fuerzas armadas en la Guardia Nacional a tareas de seguridad pública sin fundamentarlo, así como por la falta de atención a víctimas de violaciones a derechos humanos.