Alejandro Alegría

Si bien el sector privado reconoce que durante la gestión de Raquel Buenrostro Sánchez en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hubo algunos claroscuros en su desempeño para conducir los procesos de las licitaciones y adjudicaciones, también considera que su llegada al frente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) será positiva.

Enoch Castellanos Férez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), señaló a La Jornada que no se puede apresurar a juzgar el desempeño que la funcionaria pueda tener en sus nuevas funciones, pues reiteró que es una mujer que goza de la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que deseó que “tenga una buena interlocución con los sectores productivos.

En la actuación que tuvo en Hacienda había desconocimiento de algunas áreas y sobre todo cómo llevar a cabo compras de manera consolidada, pero finalmente ella nada más es una consecuencia de una acción de gobierno, no puede ser la culpable, dijo antes de reconocer que se generó subejercicio, opacidad y retrasos en las adjudicaciones, pero no todos dependen de ella, sino más bien de cómo se configuró esa consolidación.

El líder industrial confió en que Buenrostro Sánchez –quien meses atrás fue señalada por los detractores de la Cuarta Transformación como una de las piezas claves en la salida de Carlos Urzúa Macías de Hacienda– se interiorice muy rápido con las funciones del órgano encargado de aplicar la legislación fiscal en el país, así como los cambios que se hicieron. Ojalá conduzca esa institución tan importate para las finanzas públicas de manera responsable.

Comentó que el sector industrial buscará establecer interlocución, con el interés de que se cumplan los convenios, y continúe la relación tan abierta que tuvo Margarita Ríos-Farjat, su predecesora.

Al preguntarle sobre si el sector puede esperar que la nueva titular del SAT sea más dura en la aplicación de la legislación fiscal con las empresas, Castellanos Férez comentó que ella se tiene que enfocar en aumentar la base gravable, pero también en disminuir la informalidad, incorporando a la economía formal a una gran cantidad de personas y empresas. Ahí es donde debería ser ella muy categórica, apuntó.

Por su parte, los diputados Mario Delgado y Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) elogiaron los nombramientos de Buenrostro Sánchez en el SAT y de Thalía Lagunas Aragón al frente de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Raquel, en el primer año de trabajo en la Oficialía Mayor en Hacienda, generó ahorros por arriba de 150 mil millones de pesos. Es una funcionaria probada, de una gran trayectoria, muy profesional, con una gran honestidad y yo estoy seguro de que va a hacer un gran papel en el SAT, señaló Delgado.

También aseguró que el SAT ya no es una agencia de relaciones públicas donde el influyentismo domine, y es garantía de que lo recaudado generará mejores condiciones de vida a través de la implementación de programas y proyectos sociales.

Para Ramírez Cuéllar, el SAT debe consolidarse como una dependencia libre de corrupción y que aplique con firmeza las nuevas reformas aprobadas en la miscelánea fiscal, sobre todo las que tienen que ver con la evasión, elusión y facturas falsas. Es esencial que en esta nueva etapa se revierta la caída en los ingresos que se ha presentado últimamente. Por estas razones, en el Congreso consideramos indispensable iniciar ya los preparativos para una reforma fiscal integral, y buscamos que la nueva titular del SAT sea una fuerte aliada para la próxima reforma hacendaria.

El presidente de la Comisión de Presupuesto reiteró que, en esta nueva etapa, se deberán fortalecer las acciones contra quienes cometen delitos fiscales: “El organismo debe agotar todos sus instrumentos para actuar contra quienes burlan la autoridad fiscal y evaden el pago de impuestos, pues dañan al erario y los ingresos que se requieren para atender las necesidades de las y los mexicanos.

Los delincuentes fiscales le ocasionan un gran daño al país; impiden que el Estado pueda aplicar políticas redistributivas más eficientes y utilizar los recursos públicos en beneficio de la mayoría de la población.