Gustavo Castillo García

La Fiscalía General de la República (FGR) judicializó dos expedientes relacionados con el desvío de más de mil 900 millones de pesos de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles en ambas instituciones entre 2012 y 2018.

Las carpetas de investigación (entre ellas la que ahora será el proceso penal 2263/2017) incluyen como presunto responsable del desvío de recursos al rector de una universidad pública –no se dio a conocer el nombre de este funcionario debido a que no se presentó a la audiencia inicial que se llevó a cabo en el Reclusorio Norte–, que deberá comparecer en los próximos días al igual que otros cuatro inculpados de haber cometido los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.

De esta manera ya se han judicializado (es decir, poner a consideración de un juez federal, en este caso ante un impartidor de justicia con sede en el Reclusorio Norte de CIudad de México) un total de seis carpetas de investigación, y en cuatro de ellas se iniciaron procesos penales hasta el pasado enero y ayer se comenzaron a desahogar dos más.

En este caso la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado entre 2015 y 2018 un total de 16 denuncias relacionadas con el desvío de mil 900 millones de pesos, a través de contratos y transferencias irregulares a universidades, televisoras públicas y proveedores privados, con los cuales se simuló la realización de obras o la prestación de servicios, y mediante esquemas financieros los recursos se trasladaron a cuentas de personas físicas y morales indebidamente.

Los casos que ya se encuentran judicializados están relacionados con las nueve denuncias que la ASF presentó ante la FGR por un monto de mil 931 millones 671 mil pesos y en los que se ha involucrado a funcionarios de, entre otras instituciones, la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Universidad Autónoma de Zacatecas.

El pasado enero el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el subprocurador de Delitos Federales, Jesús Múñoz Vázquez, dieron a conocer que el Ministerio Público Federal integra un total de 23 expedientes, tres son averiguaciones previas, y 20 carpetas de investigación; en cuatro de ellas ya se inició proceso.

Respecto de los ilícitos por los que se están investigando, son delitos cometidos por servidores públicos, como peculado y ejercicio indebido del servicio público. Los hechos en general de todas las carpetas de investigación consisten en contrataciones indebidas en las que los servicios no fueron prestados o en triangulaciones de dinero que se hicieron para desviar los recursos, indicó Múñoz Vázquez.