Fernando Camacho Servín

Necesaria, reforma para evitar excesos, dice académico

Muchas de las irregularidades cometidas por las universidades autónomas estatales en el manejo de sus recursos, que quedan en evidencia en estudios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tienen su origen en una concepción errónea de la autonomía, según la cual esa figura legal les permite hacer uso discrecional de sus fondos, alertó Enrique Rascón, ex profesor de la Universidad Autónoma de Chihuahua (Uach).

El académico se presentó el miércoles anterior en un foro contra la corrupción en las universidades públicas, donde planteó la necesidad de reformar el artículo trecero constitucional, fracción séptima, el cual establece que las instituciones educativas autónomas tienen la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, definir sus planes de estudio con libertad de cátedra y administrar su patrimonio.

De acuerdo con Rascón, los rectores de muchas universidades públicas y autónomas del país le han dado un uso equivocado a esas atribuciones para manejar de forma discrecional los recursos que obtienen de los gobiernos federal o local, así como de los fondos propios que generan las instituciones a su cargo.

Por lo anterior, dijo, sería necesaria dicha reforma para obligar a las casas de estudios a sujetarse a los principios de máxima publicidad y rendición de cuentas en el manejo de sus recursos, e incluso a crear una contraloría social universitaria con facultades para revisar las cuentas de estos organismos de educación superior.

Nosotros no estamos contra la esencia de la autonomía, que es la libertad de cátedra, la investigación y los procesos de extensionismo, pero sí en contra de la administración discrecional, corrupta e irregular del patrimonio de las universidades, enfatizó el académico.

En ese contexto, Rascón puntualizó que un ejemplo de los malos manejos que suelen ocurrir en las universidades estatales es el de la Uach, cuyo actual rector, Luis Alberto Fierro Ramírez, ha sido señalado en estudios de la ASF y la Auditoría Superior de Chihuahua como probable responsable de quebrantos al erario por más de 72 millones de pesos.