Emir Olivares Alonso

La queja de oficio iniciada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los hechos suscitados en Tlahuelilpan no prejuzga sobre la existencia de violaciones a las garantías fundamentales o sobre la responsabilidad concreta de autoridades, subrayó el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez.

Agregó que hasta ahora no ha determinado ninguna responsabilidad o formulado imputaciones concretas por acciones u omisiones de funcionarios de los tres niveles de gobierno (no sólo del Ejército) que vulneren los derechos de las personas.

Ayer por la mañana, en su habitual conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que que el organismo nacional había iniciado la queja por inacción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En respuesta, horas después, la CNDH emitió una serie de precisiones respecto de su investigación por la explosión.

Dijo que abrió este expediente por la trascendencia e impacto social social del caso, así como por el elevado número de víctimas (91 muertos hasta el momento), entre otros motivos, al igual que lo ha hecho con muchos otros hechos.

Se ha pedido la colaboración a autoridades de los distintos niveles de gobierno, como la Secretaría de Gobierno de Hidalgo, Petróleos Mexicanos y a la Sedena, y se solicitará información a la Secretaría de Salud y a la presidencia municipal de Tlahuelilpan.

El organismo nacional indicó que su intervención “busca garantizar que la sociedad, las víctimas y sus familiares conozcan la verdad sobre lo ocurrido el 18 de enero; que las autoridades competentes deslinden las responsabilidades que se generen como consecuencia de los hechos; que los lesionados reciban el acompañamiento y atención médica que sus casos demandan, previniéndose nuevas afectaciones; que se propicien mecanismos o protocolos de actuación por parte de las autoridades que eviten, en la medida de lo posible, que sucesos como éste se repitan en lo sucesivo o se puedan prevenir.

La CNDH no busca inhibir la debida y oportuna aplicación de la ley a quienes hubiesen incurrido en una conducta ilícita, durante o como consecuencia de lo ocurrido el 18 de enero; por el contrario, en todo momento estará en favor de la justicia, dijo.