Fernando Camacho Servín

El sistema de justicia penal acusatorio no ha logrado afirmarse totalmente en el país, debido a que persisten fallas graves en su operación, que van desde la falta de criterios homologados para reunir información hasta la nula capacitación de policías, agentes del Ministerio Público y defensores de oficio, todo ello en medio de un gasto millonario e infructuoso para hacerlo funcional.

Lo anterior se advierte en el informe Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México. Hallazgos 2017, elaborado por la organización civil México Evalúa y la Fundación Friedrich Naumann, en el cual se afirma que el cambio de modelo judicial no ha logrado cumplir el propósito primordial de satisfacer las demandas de las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos.

María Novoa, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, indicó que entre los resultados más importantes del estudio figura el hecho de que el nuevo esquema acusatorio –aprobado en 2008 mediante una reforma constitucional, que se terminó de implementar en 2016– no ha logrado propiciar una coordinación integral entre todos los elementos que lo conforman.

Además, manifestó la especialista, se ha puesto demasiado énfasis en cuestiones estrictamente policiales, sin atender otros factores, como el fortalecimiento de la defensoría pública, cuyos elementos deben hacerse cargo hasta de 800 casos, como en el caso del estado de Nuevo León, lo que hace que el cumplimiento de su trabajo sea deficiente.

Otro aspecto negativo del actual sistema es que está propiciando un alto número de diferimiento de audiencias, es decir, que se está utilizando un número muy alto de sesiones en los juzgados (de ocho a 10) para resolver temas que normalmente requerirían tres o cuatro.

En ese mismo tenor, hay 50 por ciento de casos que se estancan y no llegan a desahogarse en un juicio, y del 50 por ciento restante, hasta 30 de cada cien terminan archivándose, lo cual ha provocado que estemos institucionalizando la impunidad.

La falta de avances en el sistema penal acusatorio contrasta de forma muy preocupante con la cantidad de recursos que le han destinado, puntualizó Novoa.

Un ejemplo de lo anterior, agregó, es que entre 2010 y 2016 se invirtieron más de 4 mil millones de pesos para tener un sistema de justicia penal que al menos tuviera condiciones mínimas de operación, lo cual no se ha logrado.

Por todo ello, los autores del informe recomendaron crear una instancia técnica de coordinación que evalúe los avances del sistema penal acusatorio y genere políticas públicas a escala nacional.