Fabiola Martínez

Anuncia más acciones de seguridad para atacar al crimen organizado y depurar las policías

El secretario de Gobernación asegura que las estrategias sí han funcionado, salvo en 2017

La contención de homicidios dolosos en siete de las ciudades más violentas del país no es suficiente para el retorno de las fuerzas armadas a sus cuarteles. No se trata de retirarlas de labores de seguridad pública. No existen condiciones ni operativas ni tácticas ni estratégicas para pensar que se puede prescindir de su apoyo, advirtió ayer el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

El funcionario informó el resultado de cuatro días de operativos cuya apuesta es la acción preponderante de los cuerpos policiacos civiles no sólo para medir su capacidad sino también para detectar a los uniformados cómplices del crimen. En general, saber si hay estructuras o elementos de protección y proceder a su depuración. En este primer corte informó de la detención de cinco policías federales.

Fuentes consultadas dijeron que los uniformados fueron llevados a un penal de máxima seguridad, acusados de complicidad con huachicoleros (personas dedicadas al robo de hidrocarburos).

Esa detención es sólo el principio y es una señal de que no se va a proteger a nadie, se advirtió en una reunión del gabinete de seguridad.

Por lo pronto, Navarrete aseguró que del lunes al jueves prácticamente no hubo asesinatos dolosos en Chilpancingo, Cancún, Los Cabos y Ciudad Juárez, y sólo uno en Colima, entidad de la que se consideraron tres municipios para esta ronda de operativos: la capital, Manzanillo y Tecomán, la alcaldía con el mayor número de asesinatos per cápita, durante 2016 y 2017.

Sin que esto signifique un resultado final, porque no lo es, ni lo podríamos asegurar, desde el despliegue de este operativo hasta el momento, prácticamente en estos puntos no ha sido cometido homicidio doloso alguno. Quizá uno en Colima, dijo.

Acompañado por Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República; Renato Sales, comisionado Nacional de Seguridad, y Manelich Castilla, comisionado de la Policía Federal, el secretario dio a conocer el primer corte de esta intervención, que incluyó acciones no sólo en las ciudades señaladas sino en el resto del país.

Subrayó que no se trata de echar culpas, en los distintos niveles de gobierno, o lanzar duelos o retos sino asumir responsabilidades; saber qué funciona y dónde se requiere de la presencia de las fuerzas armadas.

En cuanto a las fuerzas armadas dijo que la decisión de mantenerlas en tareas de seguridad no tiene que ver con la controversia constitucional que actualmente se analiza en la Suprema Corte, de quienes impugnan la Ley de Seguridad Interior, sino con una respuesta del gobierno federal ante los altos índices de criminalidad.

El reporte de cuatro días incluye 16 detenidos; decomiso de 45 kilogramos de fentalino –a decir de los propios jefes policiales es un suceso importante–, 270 kilos de metanfetaminas; casi 10 kilogramos de goma de opio, nueve kilogramos de heroína, 803 de mariguana, 48 de cocaína, 440 de cristal, 52 mil 800 tabletas y 3.3 litros de medicamento controlado, entre otras acciones.

Según Navarrete, la estrategia de seguridad de años anteriores sí funcionó, porque bajaron los índices delictivos, salvo en 2017, cuando se dio un crecimiento inusitado de violencia y de inseguridad, cuyas causas son variadas y estructurales. Por ello, agregó, no hay que confiarse en una estrategia sino en los resultados.