Napoleón Gómez Urrutia

En México todos los días ocurren crímenes, secuestros, robos, amenazas y demasiadas violaciones a los derechos humanos, que han (marcado y) dejado una huella enorme en la imagen que el mundo tiene de esta terrible situación. Los mexicanos a diario lo comentamos, lo criticamos, lo denunciamos y nunca, o casi nunca, sucede algo que permita volver a confiar en la democracia y en el respeto a la justicia. Eso se llama cinismo, indiferencia de las autoridades o incompetencia, pero desde luego es (producto o) resultado de una descarada impunidad.

                                                                                                                            

El mundo laboral no es ajeno a esta indignante situación. Salvo muy valiosas excepciones de compañías que respetan los derechos humanos de sus trabajadores, éstos cada vez están más expuestos a la represión y a la pérdida de sus empleos, dada la prepotencia empresarial y la complicidad de políticos y gobernantes que están siempre dispuestos a actuar, pero a favor de los mismos empresarios. A éstos les gusta cometer atropellos y violaciones porque se sienten dueños de las personas y de las cosas materiales que han acumulado con base en la explotación de los recursos naturales y de la mano de obra. Pero a esos mismos administradores o dueños les molesta que los denuncien o los exhiban, aunque saben de antemano que nunca sucede nada negativo en su contra.

Uno de estos sujetos se llama Alonso Ancira Elizondo, director o presidente del Grupo Acerero del Norte (GAN), controlador de Altos Hornos de México y de muchas minas del país. Para muchos en Coahuila y en otras partes del territorio nacional es un simple prestanombres de la familia Salinas de Gortari y cuidador de sus intereses en la industria siderúrgica, que antes de los años 80 era propiedad del Estado y del pueblo mexicano.

Alonso Ancira se ha convertido en el cacique más temido de Coahuila, aunque ni siquiera es originario de ese estado, pero con base en la corrupción y los amarres que ha realizado con los gobernadores, desde Rogelio Montemayor, Enrique Martínez y Martínez y los hermanos Humberto y Rubén Moreira, hace y deshace a su antojo con sus caprichos y ejerce su arrogancia a placer. Tiene comprados prácticamente a todos los medios locales de comunicación, algunas organizaciones patronales del estado, así como a los empresarios pequeños, medianos y grandes que son contratistas, proveedores o administradores de servicios para GAN y Altos Hornos de México.

En un excelente artículo publicado hace tres años en el gran periódico La Jornada, el distinguido profesor y abogado laboralista Néstor de Buen, en conjunto con otro destacado abogado, Óscar Alzaga, definieron a Ancira Elizondo como el señor de horca y cuchillo de Coahuila, parafraseando a Juan Rulfo en el Pedro Páramo de 1955, ya que este famoso personaje de la novela se valía de pistoleros para eliminar a sus enemigos, del cura para convencer al pueblo, del abogado para torcer la ley y de las autoridades y del dinero para corromper a trabajadores o a revolucionarios. Él mismo no daba la cara.

Pero Alonso Ancira Elizondo sí da la cara, aunque sea sólo en las revistas empresariales de alto nivel, para proclamarse el dueño de las minas del Rey Salomón en Israel y el dueño de vidas y de concesiones mineras. Como lo señalan el doctor De Buen y el abogado Alzaga, en el GAN es frecuente que en las minas de carbón haya siniestros, muertos y heridos, y que goce de impunidad el dueño: en la mina VII de Minosa, el 26 de marzo de 2011 hubo dos muertos y seis más el 3 de agosto de 2012; en la mina La Esmeralda, el 26 de agosto de 2011 hubo cuatro muertos, el 16 de junio de 2013 dos y el 6 de junio de 2014 un muerto. Pero quedan en la impunidad como en la mina de carbón de Pasta de Conchos, de Grupo México.

Ahora este señor Ancira le ha dado por comprar organizaciones fantasmas de (seudo) trabajadores que tienen a seudo líderes al frente y a su servicio, que los bautiza como Alianza Minera, o como Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, así como con otros nombres, que no son más que membretes que utiliza para golpear y agredir a los verdaderos obreros del auténtico sindicato minero. Este individuo es un simple aprendiz, pero muy malo y obvio, de las prácticas gangsteriles de Germán Feliciano Larrea, de Grupo México y de Alberto Bailleres, del Grupo Peñoles.

Ancira tiene el apoyo cómplice de un funcionario gris de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el subsecretario A Rafael Avante, que viene desde la época de Calderón y del nefasto Javier Lozano Alarcón, que fue incrustado o quizá fue el pago que hicieron a Larrea y sus cómplices por haber apoyado a los gobiernos anterior y al actual para llegar al poder. A su vez, el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por decisión propia o porque Avante o alguien de más arriba se lo ordena, actúan siempre a favor de este porro empresarial que es una vergüenza para la clase patronal.

Con esos avales y complicidades, Ancira y los demás miembros de su equipo encabezados por un falso, hipócrita y mediocre abogado, Enrique Rivera, constantemente violan los contratos colectivos de trabajo e interfieren en los asuntos sindicales, lo cual está prohibido por la Ley Federal del Trabajo en su artículo 133, fracción V, violando el derecho humano de libertad sindical consagrado en la Constitución y en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

Los auténticos mineros y el pueblo en general se preguntan cómo es posible que este siniestro personaje, Alonso Ancira Elizondo, después de haber estado 13 años en suspensión de pagos a los bancos por miles de millones de dólares, de cometer tantos abusos y atropellos, siga en una total e inmoral impunidad. Por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto no lo investiga a fondo, lo castiga con la cárcel por los crímenes cometidos, se burla de la autoridad y todavía continúa actuando en absoluta libertad. ¿Qué no daña esto la imagen del sistema de justicia y del país, o a nadie le importa?, lo cual parecería un acto de total irresponsabilidad política y social.

Uno de los últimos crímenes que está cometiendo Alonso Ancira es en la mina de Hércules, municipio de Sierra Mojada, Coahuila, donde no sólo ejerce un poder extraterritorial por encima de las leyes y de las autoridades de México, ya que ante un berrinche de su costumbre decidió suspender el agua, la luz, las viviendas y la entrada de los alimentos para las personas y trabajadores que ahí habitan o laboran, y que no se han sometido a su control caciquil. Asimismo, y esto me parece de una bajeza inhumana y bestial, ordenó cancelar las medicinas y la ayuda médica a una hermosa niña Cindy y a su madre Ivonne Delgadillo, indispensables, ya que ambas están con padecimientos serios de cáncer, y sólo por ser la familia de un trabajador que se ha opuesto dignamente a los abusos de Ancira.

Estos es el colmo de las arbitrariedades y de la impunidad. ¿Por qué el gobierno no lo castiga y lo somete a todo el peso de la ley, a él y a sus secuaces, o por qué no le cancelan la concesión para explotar el mineral de fierro de la mina de Hércules y le expropian sus inversiones mal habidas y obtenidas a base de represión, terrorismo y sangre minera? Esta es una de tantas deudas sociales que el gobierno actual tiene con el pueblo de México.

Alonso Ancira Elizondo: un caso de terrorismo empresarial Napoleón Gómez Urrutia E n México todos los días ocurren crímenes, secuestros, robos, amenazas y demasiadas violaciones a los derechos humanos, que han (marcado y) dejado una huella enorme en la imagen que el mundo tiene de esta terrible situación. Los mexicanos a diario lo comentamos, lo criticamos, lo denunciamos y nunca, o casi nunca, sucede algo que permita volver a confiar en la democracia y en el respeto a la justicia. Eso se llama cinismo, indiferencia de las autoridades o incompetencia, pero desde luego es (producto o) resultado de una descarada impunidad. El mundo laboral no es ajeno a esta indignante situación. Salvo muy valiosas excepciones de compañías que respetan los derechos humanos de sus trabajadores, éstos cada vez están más expuestos a la represión y a la pérdida de sus empleos, dada la prepotencia empresarial y la complicidad de políticos y gobernantes que están siempre dispuestos a actuar, pero a favor de los mismos empresarios. A éstos les gusta cometer atropellos y violaciones porque se sienten dueños de las personas y de las cosas materiales que han acumulado con base en la explotación de los recursos naturales y de la mano de obra. Pero a esos mismos administradores o dueños les molesta que los denuncien o los exhiban, aunque saben de antemano que nunca sucede nada negativo en su contra. Uno de estos sujetos se llama Alonso Ancira Elizondo, director o presidente del Grupo Acerero del Norte (GAN), controlador de Altos Hornos de México y de muchas minas del país. Para muchos en Coahuila y en otras partes del territorio nacional es un simple prestanombres de la familia Salinas de Gortari y cuidador de sus intereses en la industria siderúrgica, que antes de los años 80 era propiedad del Estado y del pueblo mexicano. Alonso Ancira se ha convertido en el cacique más temido de Coahuila, aunque ni siquiera es originario de ese estado, pero con base en la corrupción y los amarres que ha realizado con los gobernadores, desde Rogelio Montemayor, Enrique Martínez y Martínez y los hermanos Humberto y Rubén Moreira, hace y deshace a su antojo con sus caprichos y ejerce su arrogancia a placer. Tiene comprados prácticamente a todos los medios locales de comunicación, algunas organizaciones patronales del estado, así como a los empresarios pequeños, medianos y grandes que son contratistas, proveedores o administradores de servicios para GAN y Altos Hornos de México. En un excelente artículo publicado hace tres años en el gran periódico  el distinguido profesor y abogado laboralista Néstor de Buen, en conjunto con otro destacado abogado, Óscar Alzaga, definieron a Ancira Elizondo como el señor de horca y cuchillo de Coahuila, parafraseando a Juan Rulfo en el Pedro Páramo de 1955, ya que este famoso personaje de la novela se valía de pistoleros para eliminar a sus enemigos, del cura para convencer al pueblo, del abogado para torcer la ley y de las autoridades y del dinero para corromper a trabajadores o a revolucionarios. Él mismo no daba la cara. Pero Alonso Ancira Elizondo sí da la cara, aunque sea sólo en las revistas empresariales de alto nivel, para proclamarse el dueño de las minas del Rey Salomón en Israel y el dueño de vidas y de concesiones mineras. Como lo señalan el doctor De Buen y el abogado Alzaga, en el GAN es frecuente que en las minas de carbón haya siniestros, muertos y heridos, y que goce de impunidad el dueño: en la mina VII de Minosa, el 26 de marzo de 2011 hubo dos muertos y seis más el 3 de agosto de 2012; en la mina La Esmeralda, el 26 de agosto de 2011 hubo cuatro muertos, el 16 de junio de 2013 dos y el 6 de junio de 2014 un muerto. Pero quedan en la impunidad como en la mina de carbón de Pasta de Conchos, de Grupo México. Ahora este señor Ancira le ha dado por comprar organizaciones fantasmas de (seudo) trabajadores que tienen a seudo líderes al frente y a su servicio, que los bautiza como Alianza Minera, o como Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, así como con otros nombres, que no son más que membretes que utiliza para golpear y agredir a los verdaderos obreros del auténtico sindicato minero. Este individuo es un simple aprendiz, pero muy malo y obvio, de las prácticas gangsteriles de Germán Feliciano Larrea, de Grupo México y de Alberto Bailleres, del Grupo Peñoles. Ancira tiene el apoyo cómplice de un funcionario gris de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el subsecretario A Rafael Avante, que viene desde la época de Calderón y del nefasto Javier Lozano Alarcón, que fue incrustado o quizá fue el pago que hicieron a Larrea y sus cómplices por haber apoyado a los gobiernos anterior y al actual para llegar al poder. A su vez, el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por decisión propia o porque Avante o alguien de más arriba se lo ordena, actúan siempre a favor de este porro empresarial que es una vergüenza para la clase patronal. Con esos avales y complicidades, Ancira y los demás miembros de su equipo encabezados por un falso, hipócrita y mediocre abogado, Enrique Rivera, constantemente violan los contratos colectivos de trabajo e interfieren en los asuntos sindicales, lo cual está prohibido por la Ley Federal del Trabajo en su artículo 133, fracción V, violando el derecho humano de libertad sindical consagrado en la Constitución y en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Los auténticos mineros y el pueblo en general se preguntan cómo es posible que este siniestro personaje, Alonso Ancira Elizondo, después de haber estado 13 años en suspensión de pagos a los bancos por miles de millones de dólares, de cometer tantos abusos y atropellos, siga en una total e inmoral impunidad. Por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto no lo investiga a fondo, lo castiga con la cárcel por los crímenes cometidos, se burla de la autoridad y todavía continúa actuando en absoluta libertad. ¿Qué no daña esto la imagen del sistema de justicia y del país, o a nadie le importa?, lo cual parecería un acto de total irresponsabilidad política y social. Uno de los últimos crímenes que está cometiendo Alonso Ancira es en la mina de Hércules, municipio de Sierra Mojada, Coahuila, donde no sólo ejerce un poder extraterritorial por encima de las leyes y de las autoridades de México, ya que ante un berrinche de su costumbre decidió suspender el agua, la luz, las viviendas y la entrada de los alimentos para las personas y trabajadores que ahí habitan o laboran, y que no se han sometido a su control caciquil. Asimismo, y esto me parece de una bajeza inhumana y bestial, ordenó cancelar las medicinas y la ayuda médica a una hermosa niña Cindy y a su madre Ivonne Delgadillo, indispensables, ya que ambas están con padecimientos serios de cáncer, y sólo por ser la familia de un trabajador que se ha opuesto dignamente a los abusos de Ancira. Estos es el colmo de las arbitrariedades y de la impunidad. ¿Por qué el gobierno no lo castiga y lo somete a todo el peso de la ley, a él y a sus secuaces, o por qué no le cancelan la concesión para explotar el mineral de fierro de la mina de Hércules y le expropian sus inversiones mal habidas y obtenidas a base de represión, terrorismo y sangre minera? Esta es una de tantas deudas sociales que el gobierno actual tiene con el pueblo de México.