Rosa Elvira Vargas

Con la reforma de telecomunicaciones en 2013 el país se atrevió ‘‘a proponer un nuevo paradigma’’ y un modelo de desarrollo sustentado en la conectividad y en la tecnología digital. Y si bien aquélla no estuvo exenta de dificultades, ‘‘habría sido irresponsable’’ no realizarla, estableció el presidente Enrique Peña Nieto.

Durante el actual sexenio, la inversión de infraestructura en telecomunicaciones ha sido de 230 mil millones de pesos y en 2016 el producto interno bruto (PIB) del sector creció a una tasa de 9.2 por ciento con un valor de la producción de 526 mil millones de pesos.

A decir del mandatario, a cuatro años de esa reforma hoy los resultados ‘‘están a la vista de todos’’ y se debe mantener el rumbo en su aplicación ‘‘en un marco de absoluta transparencia y rendición de cuentas’’. Insistió en que sin estas modificaciones a las leyes mencionadas, México se habría condenado al rezago y reducido sus posibilidades de contar con telecomunicaciones modernas para incentivar una economía más productiva y un desarrollo más incluyente.

Nada más alejado de la realidad que la percepción de algunos respecto de lo inevitable de tales cambios ‘‘por sí solos’’, indicó. Se trata, en telecomunicaciones, de una revolución aún lejos de terminar. México debe seguir evolucionando para incorporarse plenamente a un mundo cada vez más globalizado e interdependiente. En este lapso, el país ‘‘ha sentado las bases para participar con éxito en la nueva economía digital a partir de mejor y mayor uso de las tecnologías de la información’’.

Ver lo alcanzado y advertir los efectos en países donde se cierran al uso de esas tecnologías permite dar dimensión y valor ‘‘a lo que hemos logrado. Somos un país abierto, que busca que su sociedad tenga acceso a este tipo de herramientas tan indispensables, elementales’’ para tener acceso al conocimiento universal y a la conectividad.

Según el presidente Peña, de 2013 a la fecha se han incrementado en más de 60 por ciento los usuarios de Internet, al ser ya 65 millones. También aumentó en 20 millones el número de mexicanos con teléfono celular y son ya 80 millones quienes disponen de aquél. Además, con la eliminación del cobro de larga distancia las familias han ahorrado 20 mil millones de pesos. Las tarifas de larga distancia internacional han disminuido 40 por ciento y las de la telefonía celular 43 por ciento, en promedio.

Destacó también los programas para la reducción de la brecha digital como México Conectado, la red de Centros de Inclusión Digital Punto México Conectado y la liberación de la banda de 700 megahertz, que permitirá desarrollar una red compartida de alta calidad y capacidad para más de 100 millones de mexicanos hacia 2024.

En el mismo acto, Kelly King, derector de AT&T México, resaltó las bondades de la apertura del sector, pero acotó: ‘‘Los niveles de concentración registrados en el sector de telecomunicaciones sólo se presentan en países como Sierra Leona y Libia’’. Confió en que las decisiones del gobierno en esta área ‘‘seguirán cuidando los intereses de los usuarios’’.

Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,destacó que para marzo próximo la Red Compartida 4G tendrá ya una cobertura de 30 por ciento de la población.

Mario de la Cruz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, dijo que frente al universo de 83 millones de usuarios de Internet en 2012, 385 millones de dispositivos de todo tipo conectados y un tráfico móvil con un crecimiento de más de 700 por ciento, se debe tener una estrategia nacional de ciberseguridad y una agencia ocupada de esa tarea.

Gabriel Contreras, presidente de Ifetel, aseguró haber conducido los procesos públicos de licitación del espectro radioeléctrico y de telecomunicaciones con transparencia y de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. A su vez, Sergio Scarbino, director para América Latina de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, subrayó que llevar el acceso a banda ancha a todo el país es una responsabilidad del Estado.