Roberto Garduño

La decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de ofrecer recompensas que coadyuven a dar con los responsables de los homicidios de cinco periodistas ‘‘es una manifestación de la incapacidad y mediocridad del Ministerio Público Federal (MPF) para responder a los requerimientos de justicia en el país’’, señalaron ayer legisladores de oposición en la Cámara de Diputados.

Macedonio Tamez, de Movimiento Ciudadano, consideró que el ofrecimiento de recompensas es el último eslabón de la ‘‘imposibilidad de la autoridad por resolver casos de violencia contra los distintos actores sociales en México; no podemos quedarnos conformes con una postura tan inmoral y antiética de la PGR’’.

También, el diputado de Morena Emiliano Álvarez reprochó el anuncio de la procuraduría porque ‘‘es una pésima señal y un ominoso mensaje que la autoridad envía, en ese caso a los periodistas, quienes así continuarán viviendo en un estado de indefensión y donde el ente que debería garantizar su integridad se manifiesta incapaz de hacerlo’’.

En tanto, los diputados priístas Martha Hilda González Calderón y Armando Luna Canales se comprometieron a buscar soluciones legislativas que coadyuven a las acciones gubernamentales en la prevención de agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos.

Luna Canales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, externó su propósito para legislar y contribuir con los mecanismos de investigación, sanción y rendición de cuentas de los responsables de la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos.

En tanto, con objeto de garantizar el derecho a la libertad de expresión en México, la diputada Brenda Velázquez Valdez (PAN), presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, anunció que presentará una iniciativa para crear la comisión nacional para prevenir y erradicar las agresiones contra periodistas en el próximo periodo de sesiones que se inicia en septiembre.

Refrendó finalmente el compromiso de colaborar desde el ámbito legislativo para proteger la vida, seguridad e integridad de los comunicadores, combatir la impunidad y garantizar el derecho a la libertad de expresión en el país.