Gustavo Castillo García

La Procuraduría General de la República (PGR) ofreció recompensas de hasta un millón y medio de pesos por caso para obtener información que lleve a los asesinos de cinco periodistas, entre ellos los corresponsales de Miroslava Breach Velducea y Javier Valdez Cárdenas, así como de los agresores de la reportera Sonia Córdova Oceguera.

Este ofrecimiento –publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF)– incluye recompensas por datos que lleven a la detención de los homicidas de los informadores Cecilio Pineda Brito, Ignacio Miranda Muñoz y Maximino Rodríguez Palacios.

La dependencia que encabeza Raúl Cervantes ofreció recompensa de ‘‘hasta un millón y medio de pesos a quienes proporcionen datos que lleven a la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables de homicidio’’ y tentativa de éste.

Esto, como parte de los acuerdos que van del número A/056/17 al A/061/17, en los que se menciona que ‘‘el monto por los datos de valor por cada caso es de un millón 500 mil pesos, y será entregado de manera proporcional en relación con la veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad que la información aportada haya representado para la localización de los agresores’’.

Asimismo, el acuerdo especifica que ‘‘la entrega de recompensa no será aplicable a los servidores públicos en funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales, así como sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles’’.

Se menciona que ‘‘la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle) consideró ofrecer dichas recompensas y presentó la propuesta ante el comité evaluador para el otorgamiento en los términos dispuestos por la ley’’.

Asimismo, la dependencia refiere que la fiscalía designará un servidor público el cual recibirá la información y ‘‘será el encargado de mantener la comunicación pertinente con la persona o personas que la haya o hayan aportado, a fin de aclararla o complementarla; también designará un número confidencial que será intransferible y queda obligada en todo momento a levantar acta de comunicación, así como de de su contenido’’.

Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en el estado de Chihuahua, fue asesinada el pasado 23 de marzo cuando se preparaba para llevar a su hijo a la escuela.

Mientras esperaba al joven a bordo de su camioneta, un hombre le disparó en ocho ocasiones y huyó del lugar. En este caso la principal línea de investigación es el trabajo periodístico y la denuncia de integrantes del crimen organizado que habían obtenido candidaturas en las elecciones realizadas en el año 2015.

En el caso de Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada en el estado de Sinaloa y cofundador del semanario Ríodoce, un grupo de hombres armados lo asesinó el pasado 15 de mayo, en la ciudad de Culiacán, a unas calles del citado semanario. La principal línea de investigación se relaciona con su labor informativa en torno a la disputa que sostienen diversas células del cártel de Sinaloa.

Cecilio Pineda Brito colaboraba en La Voz de Tierra Caliente (Guerrero); Ignacio Miranda era reportero independiente de Colima; Maximino Rodríguez escribía para el sitio Colectivo Pericú, de Baja California Sur, y Sonia Córdova es subdirectora comercial del semanario El Costeño, de Autlán, Jalisco.