José Antonio Román

Once organizaciones internacionales de derechos humanos, encabezadas por Amnistía Internacional (AI) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), expresaron su preocupación por los cambios que ha introducido la Cámara de Diputados a la minuta de la ley general contra esta práctica ilegal. En caso de concretarse, advirtieron, estas modificaciones ‘‘conducirían a perpetuar la práctica de la tortura y la impunidad de este abominable crimen en México’’.

En una carta enviada a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, las organizaciones exhortan a aprobar un marco normativo que cumpla con los estándares internacionales. Incluso, señalan que, salvo algunos puntos específicos, la minuta enviada desde el Senado cumple con dichos estándares, que debieran ser respetados en la Cámara de Diputados.

‘‘Es una oportunidad única e histórica para el establecimiento de un marco legal eficaz e inequívoco que sienta las bases para la erradicación de la tortura en el país y aborde las problemáticas institucionales en este ámbito’’, exponen.

Pruebas inválidas

De entrada, citan tres puntos concretos para mejorar la minuta del Senado: excluir sin excepción alguna cualquier prueba obtenida mediante la tortura o trato cruel e inhumano; investigar y sancionar a superiores jerárquicos, y modificar el lenguaje respecto de la posibilidad de realizar procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento, para aclarar que dicha excepción se refiere sólo a personas menores de 18 años.

Sobre las modificaciones propuestas por los diputados, señalan la necesidad de apartar de la investigación al servidor público con indicios de que esté involucrado en actos de tortura; que quede establecido que las autoridades competentes tienen obligación de realizar u ordenar una investigación pronta e imparcial, y mantener las causales que permitían al Ministerio Público de la Federación solicitar la remisión de una investigación estatal al fuero federal.

Otras organizaciones que suscriben la carta son: Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos; Plataforma Internacional contra la Impunidad; Robert F. Kennedy Human Rights; Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura; Asociación para la Prevención de la Tortura; Centro de Estudios Legales y Sociales, y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.