Roberto Garduño y Enrique Méndez

Ante la presión del Partido Encuentro Social (PES), la Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma al Código Penal Federal para tipificar como delito la discriminación de carácter religioso y considerarla una de las razones que atentan contra la dignidad humana.

El autor de la propuesta, Hugo Eric Flores, dirigente de ese partido, argumentó que no se había querido reconocer ‘‘una cruenta y triste realidad: miles de mexicanos son perseguidos por motivos religiosos y a lo largo de varias décadas han sido despojados de sus posesiones por el único delito de no ser parte de la mayoría religiosa de nuestro país’’.

El diputado Flores afirmó que su intención no es mezclar lo político con lo religioso, y sin embargo las comisiones de Justicia y de Gobernación, que avalaron la iniciativa, decidieron introducir un agregado para evitar confusiones. De esta manera se aprobó que, además de no considerar discriminatorias las medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente favorecidos, tampoco ‘‘a las que garantice el Estado laico, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’’.

Política y religión

El dirigente del PES aceptó esa modificación para que las otras bancadas votaran su proyecto. Dijo: ‘‘Había por ahí la gran duda de si estábamos buscando inmiscuir un tema político con uno religioso, por eso la adenda que hoy se presenta, en la cual nosotros estamos totalmente de acuerdo y que es para garantizar el Estado laico en el propio Código Penal. Con mucho gusto’’.

Jorge Tello López, diputado de Morena, argumentó que mientras el PES se dice en favor de la tolerancia religiosa, no quiso aprobar la iniciativa presidencial que garantizaba en la Constitución los matrimonios igualitarios. En aquella discusión incluso la diputada Norma Edith Márquez (PES) afirmó que si se permitía el enlace entre personas del mismo sexo, ‘‘después se exigirían parejas con delfines o laptops’’.

Tello López refirió que en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde se presentan con mayor frecuencia actos de intolerancia religiosa, la figura del delito ha resultado ineficaz ‘‘y la consignación y sanción penal a los responsables, en estados donde ya está tipificado, es prácticamente nula’’.