Víctor Ballinas y Andrea Becerril

El gobierno mexicano debe cumplir las recomendaciones de los relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que desde 1999, luego en 2011 y en 2013 le solicitaron el retiro del Ejército –en el corto plazo– de las tareas de seguridad pública, señaló en el Senado el presidente del Comité de Desaparición Forzada de ese organismo internacional, Santiago Corcuera Cabezut.

Corcuera destacó que los relatores y el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de la ONU recomendaron al gobierno mexicano ‘‘poner fin a la impunidad, que desmilitarice el país, que capacite a las fuerzas policiacas y que a los militares los capaciten en materia de derechos humanos y que no se delegue la seguridad pública en las fuerzas armadas’’.

El experto de la ONU destacó que en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo los diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad porque el Ejecutivo incluyó la participación de los secretarios de Defensa Nacional y de la Marina en el Consejo Nacional de Seguridad. ‘‘Muchos de los diputados que respaldaron esa acción eran panistas’’.

Pero, luego, en el gobierno de Felipe Calderón, esos panistas votaron en favor de sacar el Ejército a las calles en tareas de combate al crimen organizado. Todo este debate, subrayó, se debe a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual concluyó que ‘‘las fuerzas armadas sí podían auxiliar en tareas de seguridad pública en tiempos de paz, pero no actuar por sí mismas, sino a solicitud expresa, fundada y motivada por autoridades civiles y subordinadas a ella’’.

Los militares, sostuvo Corcuera, no pueden ser policías ‘‘disfrazados’’. Por sacarlos a la calle han ocurrido los casos Tlatlaya, Tanguato y otros hechos, porque ellos (los soldados) están preparados para ‘‘combatir a un ejército extranjero o grupos sediciosos; están capacitados para actuar como si estuvieran en guerra’’.

Corcuera dijo que el error que ‘‘comete la Corte es que no repara en distinguir seguridad pública versus seguridad interior de la nación. La seguridad pública estaba a cargo de las fuerzas policiacas civiles, pero la SCJN dijo que sí podían participar militares’’. Insistió en que ‘‘la confusión en que incurre la Suprema Corte es confundir seguridad interior de la nación, artículo 89 de la Constitución, con el concepto de seguridad pública’’.

El experto de la ONU se manifestó por enmendar el ‘‘error’’ de la Corte: ‘‘Hay que derogarle a la Suprema Corte de Justicia el error que cometió y llevar a la Constitución la diferencia entre seguridad pública y seguridad interior, así como hacer prevalecer el artículo 129’’.

Por su parte, el sacerdote Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, señaló que se habla mucho de seguridad interior, de que las fuerzas armadas no deben realizar tareas de seguridad pública, ‘‘pero creo que valdría la pena empezar a hablar acerca de la paz, en el contexto de confrontaciones políticas y sociales; en algunos países de América Latina es visto como necesario reconocer el acceso a la paz’’.

El religioso dominico subrayó que garantizar hoy y recuperar la paz implica que el Estado cumpla todas sus responsabilidades apegado a la correcta observancia de sus responsabilidades y políticas públicas que garanticen la seguridad. ‘‘No se puede alimentar una cultura de paz actualmente en México, pues se encentra en la peor crisis de derechos humanos.

‘‘La resistencia de los movimientos sociales a las reformas estructurales, las luchas por el derecho al agua, al territorio, a la conservación del medio ambiente, la violencia sistemática, la urgencia de certeza jurídica, justicia y reparación del daño, reclaman de nuestras autoridades una postura ética y crítica’’, concluyó.