Víctor M. Toledo

Los acontecimientos ocurridos en los últimos días, correctamente contextualizados, confirman lo visualizado anteriormente. Los puntos neurálgicos o contradictorios no sólo en México sino en el mundo siempre terminan en un dilema vital planteado desde la ecología política. Toda acción humana, sean decisiones individuales o familiares, políticas públicas o acuerdos internacionales, o se suman a la defensa de la vida (humana y no humana) o atentan contra ella. El gobierno de la 4T no es ajeno a esto. Al contrario. Lo que se haga en términos de energía, transporte, agua, urbanismo, salud, alimentos, cultura, siempre tendrá su equivalente ambiental. El bienestar de los mexicanos está íntimamente ligado a lo ambiental, porque todos aquellos males que el neoliberalismo provocó tuvieron a la par procesos de destrucción ecológica. Hoy el gobierno de la 4T debe remontar este país injusto, desigual, enfermo, corrupto, patriarcal y con un entorno devastado y una naturaleza dilapidada. Esa fue la promesa y esta es la misión.

El gobierno de la 4T no es un gobierno anticapitalista, sino antineoliberal. Reconocer esta distinción es clave. No busca abolir o eliminar las empresas privadas ni busca la estatización total de la economía, sino algo más elemental: la regulación o sujeción del interés privado a los intereses de la sociedad. Y esto se logra por la simple aplicación de las leyes existentes o por legislar. Lo anterior significa recuperar el papel del Estado, que durante la larga noche neoliberal se volvió un cómplice de los intereses mercantiles, un socio para los negocios, un mero facilitador de la acumulación de riqueza. Proteger de verdad selvas, bosques, suelos, biodiversidad, aire limpio, arrecifes, costas y playas; evitar el acaparamiento y mal uso del agua, impulsar ciudades, transporte e industrias limpios, transitar hacia las energías renovables, son algunas de las tareas centrales de la 4T. Nadie, cabal o sensato, se puede oponer a estas nobles acciones.

Y sin embargo, una enorme campaña de difamación y desprestigio se orquestó en los últimos meses contra el gobierno de la 4T porque éste decidió (el Presidente y un amplio sector de su gabinete) enfrentar de lleno un asunto urgente y vital: la salud de los mexicanos y su relación con la alimentación y el ambiente. Este asunto salió a la luz de manera evidente por la pandemia del Covid-19. Si México se encuentra en el top de países con mayor mortalidad por el virus, esto se debe a la pésima alimentación y a los ambientes contaminados: 67 por ciento de los fallecidos tenía padecimientos como diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión, etcétera y casi 80 por ciento de los fallecidos habitaban en alguna de las seis regiones más contaminadas del país. Resulta obvio que urge modificar el sistema alimentario de México, en la producción, transformación, transporte y consumo. Para ello, encabezados por la Semarnat, la Ssa y el Conacyt, se fue construyendo y madurando una iniciativa novedosa que cristalizó en un programa especial que hoy aglutina ocho secretarías de Estado y otras cinco dependencias, y que el Presidente respaldó e hizo oficial. Este programa va con todo para regular y, en su caso prohibir, toda la batería de elementos que conforman un sistema alimentario perverso: herbicidas, fungicidas, insecticidas, cultivos transgénicos, granjas porcícolas y avícolas, comida chatarra, refrescos y bebidas azucaradas, monopolios de comercialización, campañas publicitarias falsas, etcétera. El programa comenzó con dos acciones: la regulación y prohibición gradual del glifosato y otros 80 plaguicidas, y un etiquetado más riguroso que entrará en vigor en octubre próximo. A lo anterior, el Presidente de México agregó el 27 de julio, un decreto con tres mandatos: a) la prohibición inmediata del uso del glifosato en todas las dependencias del gobierno y su gradual supresión hasta su eliminación total en 2024; b) la prohibición al cultivo del maíz transgénico en todo el territorio nacional, y c) la designación del Conacyt como entidad encargada de documentar alternativas tecnológicas para sustituir al plaguicida.

Esa fue la gota que derramó el va­so y dio lugar a la operación gli­fosato surgida de las entrañas de los gigantes agroalimentarios y de agroquímicos, en combinación con empresas nacionales afectadas, encabezadas por el Consejo Nacional Agropecuario, brazo político de los grandes empresarios agrícolas y ganaderos, y con la complici­dad de tres funcionarios del gabinete. Ello incluyó ataques directos en eventos públicos, difusión de videos, y la filtración ilegal de un audio. Su objetivo: evitar a toda costa ese decreto, subiendo otro apócrifo, y de­sa­tando una campaña de desprestigio con­tra la Semarnat. La gran batalla es hoy ¿soberanía alimentaria mediante sistemas agroindustriales (agronegocios) o por sistemas agroecológicos con producción sana de alimentos sanos? ¿O con la vida o contra ella? Sabemos que los mexicanos están con nosotros.