Pedro Miguel

En 2006, poco después del fraude electoral perpetrado por el IFE de Luis Carlos Ugalde, la presidencia de Vicente Fox y los desgajamientos priístas comandados por Elba Esther Gordillo, una colección de escritores, académicos, artistas, locutores y ex funcionarios o funcionarios en ciernes dio a conocer un manifiesto que en su parte medular decía: “No encontramos evidencias firmes que permitan sostener la existencia de un fraude maquinado en contra o a favor de alguno de los candidatos (…) partidos y candidatos tienen el derecho de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para hacer valer sus inconformidades”.

En los días y semanas siguientes la instancia mencionada dio expresiones contundentes de parcialidad; desechó el recuento total de sufragios que pedía la coalición Por el Bien de Todos, descalificó la gran mayoría de las 375 impugnaciones al proceso y, a la postre, emitió uno de los fallos más incoherentes y vergonzosos de que se tenga memoria: tras reconocer algunas de las graves irregularidades del proceso electoral –como la intromisión presidencial, las transgresiones cometidas por el Consejo Coordinador Empresarial y la guerra sucia del régimen en contra de AMLO– concluyó que no se podía comprobar el impacto deesos delitos en los resultados electorales ydeclaró presidente electo a Felipe Calderón.

Durante el espuriato resultante ninguno de los signatarios convocó a la creación de contrapesos cuando se propició desde el gobierno el exterminio de quienes fueron genéricamente categorizados por Héctor Aguilar Camín –uno de los abajo firmantes de ayer y de hoy– como hijos de puta, a pesar de que entre las víctimas había una gran proporción de campesinos mariguaneros y amapoleros, personas empujadas a los bajos escalones de la delincuencia por el desempleo y el hambre e incluso miles de bajas colaterales, es decir, gente que no tenía nada que ver. No lo habían hecho antes, cuando Salinas saqueaba a mansalva la propiedad pública e imponía políticas que expulsaron del campo a millones de personas; por el contrario, algunos de ellos fueron ideólogos destacados del régimen. No lo hicieron cuando Zedillo dejó al país embargado durante décadas con el Fobaproa. No pidieron contrapesos legislativos cuando Fox unció a México al ASPAN, cuando surgieron evidencias de la corrupción que imperaba en Los Pinos ni cuando su ocupante recurrió a un autoritarismo violento y represivo en Lázaro Cárdenas, Atenco y Oaxaca. Y ninguno de los signatarios del manifiesto calderonista de 2006 pidió la movilización del electorado cuando una presidencia de legitimidad tan enclenque como la de Peña –según los resultados oficiales, éste obtuvo 38.2 por ciento de los sufragios, una gran parte de ellos, comprados– sometió al Congreso a punta de cheques para crear una hegemonía sin contrapesos denominada Pacto por México, al amparo de la cual se consumó un nuevo ciclo de reformas constitucionales desastrosas para el país.

Ahora, un grupo más reducido emite algunas calumnias manidas en contra de la Cuarta Transformación (4T) y convoca a conformar un bloque que, a través del voto popular, restablezca el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana para que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo con la finalidad de que el gobierno federal respete la pluralidad democrática.

La intención es nítidamente reaccionaria: estos ciudadanos no tienen ningún futuro que proponer a la nación, pero detestan que el Congreso apruebe presupuestos redistributivos, que consagre la equidad como principio constitucional o que sancione la corrupción y las modalidades del fraude electoral como delitos graves; les gustaría, en cambio, que echara atrás el cimiento legal de los programas sociales para adultos mayores, campesinos, jóvenes desempleados, estudiantes y discapacitados; pretenden restaurar, en suma, la República simulada bajo la que se escondía una oligarquía feroz que los mimaba con contratos, prebendas y distinciones.

Proponen vías distintas, pero en el fondo quieren lo mismo que el Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA), la furibunda secta anticomunista que organiza en forma periódica embotellamientos de protesta en algunas ciudades: el naufragio de un proyecto de país que obtuvo la mayoría absoluta en las urnas y que no se propuso colocar en la Presidencia a un nuevo administrador, sino acabar con un régimen podrido, violento, corrupto y antinacional e instaurar un nuevo orden político, social y económico verdaderamente democrático, con sentido social y orientación soberana.

Ahora los “telectuales“ –así fueron bautizados por los moneros de El Chamuco esos personajes de la corte neoliberal a los que la magia de Televisa consagró como poseedores de las más preclaras masas encefálicas del país– lanzan la convocatoria a su propio frente opositor. A ver si no terminan participando en los embotellamientos que promueve Gilberto Lozano.