Hugo Aboites*

Ante las protestas de aspirantes y sus familiares por el error que afectó a más de 11 mil 600 aspirantes el presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) dijo: no es un problema mayor (www.notisistema.com/noticias/inee-pide-esclarecer-error...Agosto 8). Con una declaración así, se entiende entonces por qué la evaluación del INEE a los maestros se diseña y aplica con total indiferencia a sus repercusiones humanas y educativas. La UNAM, en cambio, no sólo reconoció de inmediato el error y, en consecuencia, planteó su voluntad de resolverlo, sino que, por voz del director general de Evaluación Institucional (noticiero Radio Educación, agosto 10) también reconoció lo que ha sido estadísticamente patente: que el examen estandarizado que se utiliza para el ingreso al bachillerato tiene fuertes sesgos de género y clase social. En otras palabras, que este instrumento que aparta lugares para los mejores, está hecho de tal manera que coloca en desventaja a los jóvenes de familias pobres y especialmente a las jóvenes, sin importar los buenos promedios.

En este contexto, es alentador lo que informa un boletín del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (Maes): que el miércoles 16, en reunión con la Comipems (que incluye a la UNAM) se acordó analizar conjuntamente una propuesta distinta para el ingreso a la educación media superior. Alentador, cualquier avance que sirva para reparar el grave error en que incurre un procedimiento cuyo instrumento de medición no mide bien cuando se trata de mujeres y jóvenes de ciertos grupos sociales (los más desprotegidos socialmente). Constituye un paso positivo para humanizar el ingreso al bachillerato; un nivel escolar que desde hace años en la Constitución expresamente se reconoce como un derecho de atención obligatoria. Y para corregir eso, ni siquiera se necesitaría regresar al sistema anterior donde cada institución hacía su propio examen.

Ocasión también propicia para analizar otros problemas del procedimiento: 1) Obliga a más de 300 mil aspirantes cada año a pagar una cuota de 350 pesos para poder ingresar a un nivel educativo público y obligatorio. Y el destino principal de esos millones de pesos es el Ceneval, agencia privada de exámenes. 2) Hace que cientos de aspirantes ingresen a la UNAM sin haber presentado el examen de esa institución. Porque las reglas Comipems señalan que si se escoge a la Nacional como segunda opción no es necesario presentar el examen de esa universidad, sino el del Ceneval. 3) No tiene supervisión propia, da un voto de confianza al Ceneval y eso genera que deban ser los evaluados y sus protestas los que detecten errores como el de este mes, pero también otros: reactivos defectuosos, condiciones deplorables en que se presenta la prueba, distorsiones académicas que genera un examen deliberadamente diseñado para que sólo unos cuantos de los aspirantes tengan altos puntajes. 4) Se aplica sin que esté claro el fundamento legal que tiene la Comipems para hacer cobros y asignar estudiantes a instituciones disímiles, incluyendo a la UNAM, IPN, Conalep, Cetis. 5) Igualmente, no existe un marco de derechos humanos o legalidad propio y público que se proponga como referencia a la hora de crear reglas, requisitos, cobros y criterios de asignación que tienen profundas repercusiones en las vidas de cientos de miles de jóvenes cada año.

La masiva discriminación afecta las vidas y la salud sicológica de muchos jóvenes –hay verdaderas oleadas de depresión–, pero además trae consigo altísimos costos sociales. La enorme cantidad de jóvenes sin escuela y sin trabajo en la Ciudad de México se está convirtiendo en el ejército de reserva del narcotráfico y de la corrupción, y constituye una poderosa fuerza de deterioro social. Y las escuelas e instituciones de educación media superior y superior –lugares de procesos educativos– comienzan a ser cada vez más seriamente rebasados. Y lo ocurrido en Tláhuac no es más que una señal de una nueva etapa en que ha entrado la Ciudad de México. Si antes era una de las entidades con menos deserción en el país, con el inicio del procedimiento coercitivo Comipems (1996) se convirtió en la primera, luego disminuyó, pero últimamente ya ha vuelto al segundo lugar más alto de abandono en el país. Son cerca de 100 mil jóvenes que dejan cada año las escuelas de la ciudad y cada vez más de ellos se ven obligados a vivir de choferes mal pagados, en peseros, bicitaxis, la venta informal, y muy cercanos al creciente clima de distribución de drogas, robos, asaltos y violencia (www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=medu24s=est&c=21784).

Deberíamos preocuparnos más por estos efectos que por las resistencias meritocráticas o eficientistas a adoptar un procedimiento más humano y socialmente sensible. Las protestas son la única fuerza que frente a evaluadores y autoridades, señalan con claridad un camino distinto al que sigue hoy el país en el terreno educativo. La batalla por una educación emancipadora, libre de temor y persecución; incluyente; llena de solidaridad; conocimiento y apoyo mutuo puede parecer perdida, pero no mientras haya maestros y estudiantes, padres de familia que defiendan todo lo humano que puede tener.