El gobierno federal aprobó modificar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) con el propósito declarado de mantener la viabilidad financiera de aquellos campos todavía manejados por la ex paraestatal en los cuales la rentabilidad se encuentra comprometida debido al declive del precio internacional del crudo imperante desde 2014.

Con el cambio anunciado y previa demostración de la incapacidad para sostener los márgenes de operación en cada campo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizará un incremento en los costos deducibles para el derecho por la utilidad compartida, de acuerdo con la ubicación terrestre o marítima de las áreas de extracción, mientras los campos de gas natural y los ubicados en la cuenca de Chicontepec contarán con tasas especiales.

El anuncio se produce días después de que un reporte de la empresa productiva del Estado diera a conocer que tanto la producción como la refinación de crudo se encuentran en mínimos históricos: en la primera semana de agosto la producción petrolera bajó del simbólico límite de los 2 millones de barriles diarios para situarse en un millón 903 mil barriles por día, un nivel no visto desde 1980, mientras la refinación tocó un nuevo fondo al procesarse únicamente 695 mil barriles diarios de crudo, caída que pone la obtención de combustibles en cuotas de 1990. Estas caídas también afectaron a la producción de gas natural.

Si a lo anterior se suma la creciente dependencia de la importación de productos petrolíferos, causada por el deliberado deterioro de las refinerías nacionales –debe recordarse que apenas el 14 de junio se registró un incendio que obligó al cierre de operaciones por 47 días de la ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, la de mayor capacidad del país–; la cesión a compañías privadas de campos descubiertos por Pemex, con el pretexto de incapacidad económica o técnica para desarrollar su explotación; el despido masivo de trabajadores, que suma 20 mil empleados sólo de 2015 a la fecha, y la negativa a investigar las acusaciones de corrupción contra altos funcionarios, la única conclusión posible es que se encuentra en marcha un decidido desmantelamiento de la otrora empresa más importante del país y responsable de colocar a México entre las mayores potencias petroleras globales.

Es en este contexto que debe entenderse el aligeramiento fiscal puesto en marcha por la autoridad hacendaria. Lejos de ofrecer la salida necesaria para recuperar el papel de Petróleos Mexicanos como sostén de la economía y las finanzas públicas mediante su relanzamiento productivo y técnico, la medida es un simple paliativo que, para colmo, no deja claro en qué medida beneficiará a Pemex y en cuál a las compañías privadas, que en los hechos tienen asignados los trabajos nominalmente operados por la empresa del Estado.

En suma, se trata de un nuevo ejercicio de simulación para atenuar los costos políticos de lo que ha sido el designio de las sucesivas administraciones neoliberales: cesar la rectoría estatal sobre los hidrocarburos y entregar el control de este recurso estratégico a la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera. No puede sino deplorarse el esfuerzo empeñado en la continuada cesión de soberanía y en comprometer el futuro económico a la voluntad de agentes externos.