Aurelio Fernández F.

Otra vez muertes, sufrimiento y pérdidas materiales por efecto de un desastre, de un sismo en este caso. La impresión que tengo en estos momentos es que las casas particulares unifamiliares se derribaron por errores de construcción, casi autoconstrucción, o por envejecimiento, como las de adobe; que los edificios históricos fueron dañados por las ondas sísmicas, en buena proporción verticales, trepidantes, por envejecimiento también y falta de rigidez estructural. Los expertos lo dirán en su momento. Bueno, los que lo hagan honradamente.

Pero los edificios de la Ciudad de México colapsaron porque alguien dijo que estaban bien. No es posible que después de lo ocurrido en 1985, de los reglamentos de construcción que a partir de entonces se ajustaron a estos fenómenos, esta desgracia haya pasado. La escuela Enrique Rébsamen es el más dramático de los casos, pero no el único; todos contaron en algún momento con la aprobación, para darles el visto bueno con el que operaron, de algún funcionario del gobierno del entonces Distrito Federal.

Nos llenamos la boca denunciando que la impunidad es la causa de la corrupción, galopante a estas alturas de nuestra historia gubernativa. Bueno, pues esta es una excelente oportunidad para dar ejemplo de cómo se puede combatir la impunidad y con ello inhibir la corrupción. Propongo que se haga público, para todos y cada uno de los casos de los edificios colapsados en la Ciudad de México, quién o quiénes hicieron las, digamos, tres últimas supervisiones. Sus nombres, sus cargos, sus biografías. Quiénes eran sus superiores inmediatos y no tan inmediatos; quién el jefe delegacional y quién el jefe de gobierno. Todos estos funcionarios tienen responsabilidad. Pero también, quiénes eran los encargados de esas edificaciones, porque no sería raro que para que no les cerraran el recinto, o para no tener que hacer erogaciones en reparaciones y refuerzos que les resultaban onerosas para sus bolsillos, ellos hubieran untado las manos a los funcionarios. La corrupción es como la comunicación: tiene que haber más de una persona para que ocurra. No sé si hayan prescrito los delitos, en caso de acreditarse, pero el exhibirlos será buen comienzo.

Y ya, encarrerados, exigir que los gastos que implicará la reconstrucción en todas las entidades afectadas, no se conviertan en rubros reservados por los funcionarios cuando la transparencia les pide hacerlos públicos; que dejen ver a la gente cómo hacen en esta tarea que debiera ser la más noble y se ha convertido, en manos de nuestros políticos, en la más inmunda.