Gustavo Alanís Ortega*

Para nadie debe de ser sorpresa que el gobierno de la Ciudad de México busque hoy día alternativas viables para dar una salida adecuada al manejo y disposición de los residuos sólidos (basura) antes de que se genere una situación de emergencia frente a la falta de sitios adecuados para hacerlo.

Al cerrarse el Bordo Poniente hace mas de cinco años, y no tener el espacio para hacerlo más en la CDMX, no quedó otra más que enviar dichos residuos a rellenos sanitarios en el estado de México y en Morelos.

En una disputa reciente entre los gobiernos del estado de México y de la CDMX, la administración mexiquense amenazó con ya no recibir más la basura que se genera en la capital. Ante esta posible realidad, que de un día para otro ya no se pueda enviar la basura de los capitalinos a la vecina entidad, ¿adónde la vamos a mandar? ¿Vamos a privilegiar los rellenos sanitarios (muchos de ellos ilegales y otros que cumplen parcialmente las normas que les son aplicables), que entre otros aspectos negativos generan malos olores, emisiones de metano y lixiviados que se infiltran a los mantos acuíferos?

Ante este panorama, no exclusivo de la capital del país, el gobierno de la CDMX ha propuesto como una de las soluciones al problema de la basura que se construya y opere una planta de termovalorización para deshacerse de alrededor de 4 mil 500 toneladas de residuos sólidos de las casi 13 mil toneladas que se generan diariamente en la CDMX. Uno de los propósitos del proyecto en comento es alimentar al Sistema de Transporte Colectivo Metro con la energía eléctrica que se genere de la termovalorización de la basura.

La operación de estas plantas, consiste básicamente en la incineración controlada que se hace en un circuito cerrado, donde lo que llega a salir por una chimenea es casi todo vapor de agua y el resto se emite (como en la planta que opera en Newhaven, Inglaterra) en una cantidad equivalente a 10 veces por debajo de lo que la norma aplicable permite, quedando además en contenedores y siendo enviados a confinamientos de residuos autorizados.

Para concretarse este proyecto en la CDMX deberá estar acompañado por acciones de separación, reuso, reciclaje y reutilización de la basura, así como de la necesidad de promover cambios en los patrones de consumo y minimizar la generación de la basura a escala personal y corporativa.

Adicionalmente, proyectos de esta naturaleza deben probar: ser ambientalmente amigables y técnicamente viables utilizando tecnología probada, de punta y limpia; asegurar en todo momento que se cumple con la normatividad que les es aplicable y que no implican riesgo alguno para el medio ambiente, la salud de las personas y su calidad de vida, así como cumplir con el procedimiento de impacto ambiental correspondiente.

Lo ideal en estos proyectos es hacer las cosas muy públicas, abiertas, ser muy transparentes e incluyentes, escuchar a todas las voces. Los que estén en favor o en contra deben de basar sus argumentaciones en información técnica, científica y legal. Lo demás que se diga alrededor de este y otros proyectos es pura paja y no será considerado en la evaluación del impacto ambiental que realiza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

A las preguntas planteadas anteriormente se suman otras interrogantes a considerar. Si hoy día funcionan más de mil 500 plantas de este tipo en el mundo, ¿cómo es posible que estén operando si son tan malas, ambientalmente hablando, como algunos aseguran? ¿Cómo lograron por la vía legal permisos, licencias y autorizaciones, si son plantas que afectan al ambiente y la salud de las personas como algunos sostienen? ¿Será que las autoridades competentes en cada uno de estos sitios se hicieron, todas, de la vista gorda?

Al final del día, las decisiones que se tomen respecto de la planta de termovalorización deberán respetar en todo momento el derecho constitucional de los capitalinos a un medio ambiente sano; que se cumpla escrupulosamente con la normatividad aplicable y los acuerdos internacionales en la materia; contar con todos los estudios que respalden que en efecto estos proyectos y su implementación no dañan el medio ambiente ni la salud de las personas; que el lugar que se seleccione para su construcción sea compatible con otras actividades de la zona, y, en efecto, que sean una parte de la solución a un problema que, de no resolverse pronto, podría tener consecuencias inimaginables.

*Profesor de Derecho Ambiental, Escuela de Derecho, Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México