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Gustavo Castillo y Arturo Sánchez Jiménez

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) indaga los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, defraudación fiscal y peculado, entre otros, presuntamente cometidos por ex directivos de Segalmex, revelaron funcionarios federales y ministeriales.

La investigación se dirige a la contratación de empresas fachada, subcontrataciones violatorias de las normas de la administración pública federal, la falta de controles para impedir actos de corrupción, carencia de comprobantes por montos millonarios de entrega de recursos públicos y de productos adquiridos, simulación en la entrega y almacenamiento de leche, frijol y maíz, y de apoyos a pequeños y medianos productores agropecuarios y lecheros.

Existen 39 denuncias presentadas ante el Ministerio Público Federal por la Unidad de Inteligencia Financiera, la Auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría Fiscal, la Secretaría de la Función Pública (SFP), por particulares y por los actuales representantes jurídicos de Segalmex.

Sólo un expediente judicializado

Hasta la fecha sólo ha procedido la judicialización de un expediente, iniciado a partir de la querella formulada por la Procuraduría Fiscal, tras detectar que, de manera ilegal, René Gavira Segreste, ex director de Administración y Finanzas de Segalmex, colocó 850 millones de pesos en valores bursátiles privados, por lo cual se encuentra sujeto a proceso penal, aunque obtuvo el beneficio de enfrentarlo en libertad.

El caso fue llevado a tribunales por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), que obtuvo la devolución de los recursos invertidos en valores privados, según los resultados de la ASF. Sin embargo, de acuerdo con las auditorías, 10 millones de pesos generados como intereses por esas operaciones no han sido devueltos al erario.

El caso más investigado durante los dos primeros años de funcionamiento de Segalmex fue el referente a la adquisición y procesamiento de leche, por lo cual la ASF realizó una auditoría forense. El procedimiento concluyó que esta institución, de manera ajena a Liconsa –la empresa que está a cargo de ese programa–, otorgó contratos mediante adjudicación directa, pero los contratos carecen de firmas y los expedientes no fueron incluidos en el Registro Nacional de Productores, por lo que se violó el cumplimiento de las normas establecidas; aun así los representantes de la institución federal solicitaron y autorizaron la adquisición de leche fresca.

Las autoridades fiscales y administrativas detectaron que sin investigaciones de mercado ni metodología se determinó el precio al que habría de adquirirse la leche de grandes productores, y también que hay casos –que suman más de 500 millones de pesos– en los que se realizaron pagos sin contar con la documentación que acredite la recepción del lácteo y los servicios de maquila de secado de la misma.

Las indagatorias, refirieron funcionarios ministeriales entrevistados, fueron transferidas de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a la Femdo debido a la detección de esquemas de operación, transferencia de recursos e involucramiento de servidores públicos y empresas que no descarta la posibilidad de que en algún expediente se soliciten órdenes de captura por delincuencia organizada.

Segalmex fue creada mediante decreto presidencial en enero de 2019 para cumplir lo establecido en los artículos 4 y 27 de la Constitución: que al Estado le corresponde garantizar que toda persona tenga derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; promover las condiciones para el desarrollo integral y sustentable, con el propósito de garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo social y fomentar la actividad agropecuaria, además de garantizar el abasto suficiente para toda la población, especialmente dirigido a niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables.

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