Enrique Méndez

Acusado incluso por panistas de presunto lavado de dinero, la investigación sobre el incremento en la fortuna de Ricardo Anaya Cortés –que le permitió sostener una residencia en Atlanta, Georgia– se inició en la campaña presidencial de 2018, proceso que el ex candidato del blanquiazul atribuyó a Enrique Peña Nieto, a quien advirtió que lo encarcelaría.

Tú y tu jefe, Enrique Peña Nieto, van a enfrentar la justicia porque es lo correcto, dijo a su contrincante del PRI, José Antonio Meade, en el tercer debate entre aspirantes el 12 de junio de ese año en Mérida, Yucatán.

Esa ocasión insistió en que había un pacto entre Andrés Manuel López Obrador y Peña Nieto para que el ahora Presidente no persiguiera a su antecesor. En respuesta, el tabasqueño presentó una foto de Anaya con el priísta: “Este es el verdadero pacto… No he pactado con él y tú te has reunido seis veces en un año, ahora se peleó y quiere meterlo a la cárcel. No es mi fuerte la venganza. Justicia y no venganza. Y ni a ti te voy a meter a la cárcel”.

En diferentes escenarios, incluso en su registro como candidato, Anaya afirmó que, de ganar la Presidencia, perseguiría a Peña Nieto, y el 4 de marzo de 2018, cuando comenzó la investigación en su contra, se declaró víctima de una embestida desde Los Pinos.

Al día siguiente Meade le pidió que no sea rajón, se hiciera cargo de sus decisiones y asumiera las consecuencias de vivir como magnate sin poder justificar su relación ingreso-gasto.

Machacó: Ricardo tomó malas decisiones patrimoniales. Se enriqueció y las evidencias están a la vista de todos. De ello no le puede echar la culpa absolutamente a nadie. Nadie lo obligó a vivir por arriba de sus medios con un patrimonio por encima de sus ingresos. ¿Con 39 años y ese patrimonio? Incluso sostuvo que ni a él le alcanzaría para vivir en Atlanta.

En el tercer y último debate, cuando el panista insistió en el supuesto pacto de impunidad y en indagar a Peña y Meade, éste le contestó: Aquí el único que está investigado por un delito es Anaya.

Se refería a la indagatoria de la entonces Procuraduría General de la República por la reventa, en 54 millones de pesos y por medio de prestanombres, de una bodega en Querétaro que había conseguido en 10 millones.

En un video, Juan Barreiro –quien adquirió ese inmueble– reveló que Anaya habría pedido a empresarios de esa entidad 80 millones de pesos para su campaña y que el panista lavaba dinero para enriquecerse.