César Arellano García

Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica con residencia en la Ciudad de México, otorgó cinco nuevas suspensiones provisionales a particulares que promovieron amparos contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que entró en vigor el 17 de abril.

Suman ya seis las medidas cautelares que concede el togado contra el decreto que reforma y adiciona varias disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La medida cautelar es para el efecto de que no se aplique a los quejosos la obligación establecida en la norma reclamada, consistente en registrar su línea telefónica móvil en el Panaut y, en consecuencia, no se las cancelen por no hacerlo.

El padrón obliga a los 122 millones de usuarios de celulares a darse de alta y proporcionar sus datos biométricos, aunque no aclara cuáles; de lo contrario se les suspenderá la línea y serán multados.

Por ello, algunos abogados, a través de redes sociales, videoconferencias o vía WhatsApp envían a la gente el formato para promover los recursos de amparo contra la enmienda.

En su resolución, Gómez Fierro argumentó que la entrega de datos podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos, y que puede afectar derechos humanos.

Cuestiona cómo el registro ayudaría a bajar el crimen

No se aprecia cómo es que la entrega de esos datos personales, como excepción al principio de su protección, podría influir de manera positiva en las actividades de seguridad pública que el Estado está obligado a desplegar; incluso, no se entiende en qué medida se podría ver favorecida la investigación y persecución del delito, pues la entrega de información personal no constituye una condición necesaria para que las instancias respectivas investiguen más o mejor. No debe olvidarse que, en las actividades relacionadas con la seguridad pública, el Estado debe respetar los derechos humanos.