Gustavo Castillo y Eduardo Murillo

Las acusaciones de lavado de dinero y asociación delictuosa en contra del empresario Alonso Ancira y del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, se formularon en marzo de 2019, cuando la apoderada legal de la petrolera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y puso al descubierto la adquisición con sobreprecio de 200 millones de dólares de la empresa Agronitrogenados.

En la querella se señala que el 26 de octubre de 2015 el consejo de administración de Pemex aprobó el proyecto de inversión para concretar la compra de la empresa Agronitrogenados, por un monto de hasta 635 millones de dólares, y los peritajes realizados refieren que la compañía propiedad Altos Hornos de México, de la cual Alonso Ancira era el principal accionista, había sido sobrevalorada y el precio no estaba soportado en la realidad.

Un avalúo realizado por Ernst & Young indica que el valor neto que debió haberse pagado por la empresa pudo haberse negociado en 15 millones de dólares, más la asunción de los pasivos existentes. Sin embargo, la compra de las acciones de la empresa se realizó por 209 millones de dólares, y se asumió la deuda acumulada de 426 millones de dólares.

El estudio se agregó a la demanda que dio origen a la causa penal 211/2019, y que se encuentra en manos del juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza, del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Estos análisis indican que la diferencia entre el valor de los activos de la empresa de 597 millones de dólares, frente a sus pasivos de 582 millones de dólares, arrojaba un valor neto de 15 millones de dólares para el capital. Sin embargo, Pemex (dirigida por Emilio Lozoya) sumió los pasivos y realizó el pago de 209 millones de dólares, lo que resultó en un deterioro de valor de 193 millones de dólares.