Antonio Heras

En el operativo participaron guardias blancas, afirman

Mexicali, BC., Siete activistas que exigen la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa estuvieron detenidos durante 24 horas acusados de supuestos daños en propiedad ajena. Fueron arrestados la tarde del sábado por policías municipales de Tijuana, quienes les imputaban realizar pintas a tres inmuebles durante una manifestación en la zona Río.

Los jóvenes, estudiantes universitarios e integrantes de organizaciones civiles y políticas, permanecieron en la Unidad de Investigación de Detenidos de la Fiscalía General del Estado, y fueron liberados pasadas las 18 horas del domingo (tiempo local) al concluir el plazo para presentar alguna querella en su contra; no obstante, el proceso penal continúa ante el Ministerio Público.

El fiscal Hiram Sánchez confirmó que quedaron en libertad tras la decisión del representante de la empresa Farmacias Guadalajara de no presentar querella por algún acto constitutivo de delito. El ayuntamiento tampoco interpuso denuncia.

Miguel Orea Santiago, regidor independiente de Ensenada e integrante del movimiento que reclama justicia para los desaparecidos de Ayotzinapa, informó que con el fin de obtener el desestimiento repararon el muro dañado de dicha compañía y logramos el objetivo de liberarlos.

Fernando Buitimea, Salvador González, Jesús Rangel, Luis Sandoval, Alfredo Morán, Antonio Law y Alejandro Ruiz militan en agrupaciones como Organización Política y Popular de Trabajadores, Frente Popular Revolucionario y Unión de Juventudes Revolucionarias de México.

Sus familiares rechazaron que hayan participado en alguna pinta o grafitti, por lo que acusaron que se trató de un proceso penal lleno de irregularidades en el que se violó la libertad de expresión en un operativo en el que participaron unos 300 policías e incluso guardias blancas.

Orea Santiago, que se convirtió en abogado defensor de los activistas, indicó que el gobierno estatal de Morena, a cargo de Jaime Bonilla, recurre a la represión con la fuerza policial y pretende acallar voces de ciudadanos y activistas que protestan contra la inseguridad, feminicidios y los desaparecidos políticos.

Consideró que con el homicidio de Óscar Eyraud Adams, activista indígena kumiai por la defensa del agua de pueblos originarios del municipio de Tecate, el pasado fin de semana, el gobierno está perdiendo en control y ahora pretende inhibir la participación ciudadana.

El gobernador Jaime Bonilla defendió la actuación policial en el arresto de los manifestantes, al asegurar que se originó por daños causados durante la marcha a edificios públicos y propiedad privada, lo que justifica la acción policiaca, ya que, dijo, rayaron dos negocios e instalaciones que son parte del ayuntamiento de Tijuana, por lo que la detención fue legal y correcta.

La autoridad municipal los acusó de pintar las instalaciones de un banco, una farmacia y un centro de negocios, durante la marcha del Monumento al Libro de Texto Gratuito a la fiscalía, por lo que se les arrestó a las 16 horas del sábado en el bulevar Aguacaliente.