Jesús Estrada y Rubén Villalpando

Diputados de Chihuahua decidieron sesionar en las instalaciones de la presa La Boquilla para respaldar, dijeron, a productores agrícolas que mantienen tomado ese embalse.

Chihuahua, Chih., El juez federal Néstor Pedroza dictó auto de vinculación a proceso jurídico por el delito de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército a los tres agricultores detenidos por la Guardia Nacional (GN) en el contexto de la toma de la presa La Boquilla. Asimismo, fijó un plazo de tres meses (de prisión preventiva) para el cierre de la carpeta de investigación.

Los detenidos son Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, los tres originarios del municipio de La Cruz. Fueron arrestados el 8 de septiembre en una manifestación realizada en Las Pilas, derivadora de agua perteneciente al sistema de presas del distrito 5, ubicada a un costado de la presa La Boquilla.

Durante la primera audiencia procesal que se realizó en el Palacio de Justicia federal en esta ciudad, Gerardo Navarrete, abogado de los tres implicados, acusó al gobierno federal de fabricar pruebas contra los detenidos e inculparlos de forma desmedida por el delito de terrorismo, mismo que fue rechazado. Criticó la decisión del juez de reclasificar la acusación ante la falta de pruebas y vincularlos a proceso.

El defensor cuestionó que el juez consideró armas letales 18 latas de gas lacrimógeno que traían los acusados y supuestamente robaron a la GN después de la movilización violenta en la presa La Boquilla.

En este contexto, el fiscal estatal, César Peniche, informó que se identificaron a 13 elementos de la GN posiblemente involucrados en la muerte de Jessica Estrella Silva Zamarripa y lesiones a su esposo, Jaime Torres, dedicados a la compraventa de nuez en la región.

Tenemos los vehículos y las armas de los agentes para definir si la bala que mató a la mujer salió de uno de estos rifles; también hemos hecho una revisión de los vehículos que hemos asegurado a la Guardia Nacional, precisó el funcionario.

Mientras, el gobernador Javier Corral Jurado dijo que coincide con su homólogo de Texas, Greg Abbott, respecto a la solicitud de que México pague a Estados Unidos el tratado de aguas de 1944 con líquido de las presas internacionales situadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Chihuahua ya no alcanza a pagar el tratado antes del 24 de octubre, declaró el panista.

En la Ciudad de México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) llamó a Corral Jurado a sumar esfuerzos para concluir, en tiempo y forma, con el objetivo común de cumplir con dicho tratado. Hasta el domingo pasado faltaban aún por enviarse 366 millones de metros cúbicos del líquido, casi 85 por ciento de lo que corresponde a un año.

En tanto, diputados locales de Chihuahua declararon recinto oficial del Congreso local a la presa La Boquilla, en el municipio de San Francisco de Conchos, y sesionaron allí en respaldo a los productores agrícolas que mantienen ocupado el embalse para impedir el trasvase de agua a Estados Unidos, en tanto que alcaldes priístas y panistas pernoctan en el embalse y establecieron un rol de guardias para cuidar el plantón de agricultores con apoyo de sus respectivos ayuntamientos.

Acudieron a la sesión 22 de los 33 diputados: 10 panistas, tres priístas, tres de Morena, dos de Encuentro Social, dos de Movimiento Ciudadano, uno de Nueva Alianza y uno del Partido Verde; la bancada del PT y cinco de Morena rechazaron asistir.

El PAN señaló que el problema del agua en Chihuahua se debe a la mala administración del líquido en la región, ya que en 2017 había suficiente para pagar el tratado de 1944, pero la Conagua ha privilegiado otros intereses.

El blanquiazul anunció que respaldará todas las acciones que lleve a cabo el gobernador Javier Corral sobre el uso y defensa del agua, y acompañará a la sociedad en su protección, para que agricultores, productores, campesinos y ciudadanos en general tengan garantizado el acceso al líquido, sin intereses políticos o meros caprichos del gobierno federal.

Anunció que acompañará las causas justas de la sociedad en la defensa del agua y no permitiremos que se criminalice a los pobladores que han participado en las manifestaciones de la presa La Boquilla, ya que están en su justo derecho.